La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) cargó ayer contra el Ministerio de Interior por enviar "chatarra para combatir a los narcotraficantes" después de que los puestos de la Guardia Civil de La Línea y San Roque hayan recibido tres Nissan Patrol con casi dos décadas de antigüedad y cientos de miles de kilómetros.

La AEGC mostró su malestar por la escasa dotación de seguridad de estos coches frente a prácticas como las embestidas de los todoterrenos de los narcotraficantes para evitar la interceptación de los alijos y, de paso, inutilizar el parque móvil del instituto armado. "Si el último incidente en el que un todoterreno de narcotraficantes embistió a un vehículo de la Guardia Civil hubiera ocurrido con uno de estos vehículos posiblemente estaríamos hablando de lesiones muy graves", apuntaron, dado que carecen de medidas básicas como airbags.

"Nos han mandado chatarra que pone en peligro la vida de los guardias civiles para luchar contra el narcotráfico", enfatizó la AEGC, que valoró el hecho como "una muestra más de que en el Ministerio del Interior siguen sin querer enterarse de las necesidades que tenemos los guardias civiles en toda la demarcación y muy especialmente en puntos, como este del Campo de Gibraltar, de excepcional peligrosidad".

La agrupación resaltó que harán "responsable" al ministro y al director general de la Guardia Civil "de cualquier lesión que sufran nuestros compañeros por tener que trabajar con estos pésimos medios que atentan contra nuestra propia norma de prevención de riesgos laborales".

La AEGC agregó que los guardias civiles "llevan tiempo desesperados y desmoralizados por el olvido de cada inquilino del Ministerio del Interior y de la Dirección General y la respuesta que han enviado en forma de vehículos ha añadido preocupación por considerarlo dejadez institucional".

"El Campo de Gibraltar se está convirtiendo en el nuevo País Vasco para los guardias civiles y sus familias y la gravedad de la situación ha alcanzado tal peligrosidad que los agentes ya empiezan a dejar a sus familias viviendo en otras ciudades por miedo a represalias", concluyeron.