La Junta de Andalucía alza la voz tras el fracaso de la última Conferencia Sectorial de Migraciones. Si el miércoles fue la consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio, quien criticaba la falta de solidaridad del resto de comunidades autónomas y la falta de decisiones en aquel órgano, ayer el Ejecutivo autonómico reclamaba a través del vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, más apoyo financiero al Gobierno de Pedro Sánchez para atender adecuadamente a los migrantes que llegan a las costas andaluzas. Además, exige que presione al resto de las comunidades autónomas para que acepten compartir la responsabilidad de asistir a los menores no acompañados (mena), cuyas competencias fueron transferidas a las administraciones autonómicas.

El Ejecutivo autonómico expresa así su malestar con el desvío del barco Open Arms al litoral andaluz con menores a bordo, cuando ya está sometido a una fuerte presión por el cada vez más intenso flujo de migrantes rescatados en los últimos meses. Supone la primera disensión de importancia entre ambas administraciones desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno.

"No nos parece coherente ni sostenible que se acerquen barcos a los puertos con menores a bordo y al mismo tiempo se afirme que ni hay recursos ni posibilidad de repartir la responsabilidad de éstos entre las comunidades por falta de consenso entre ellas", señaló el también consejero de la Presidencia, Administración Local, que trasladó ayer su inquietud a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad de España, Carmen Calvo. Jiménez Barrios avanzó que la Junta de Andalucía defenderá en la próxima reunión de la Conferencia Sectorial de Migraciones, que se celebrará el día 5 de septiembre, la responsabilidad compartida entre todas las administraciones y que se asignen más recursos para atender a las personas que llegan a la costas españolas.

Para el vicepresidente de la Junta de Andalucía, "se debe establecer un plan integral como país, donde las comunidades compartan entre todas la atención de los menores no acompañados". "Tenemos que recordar que son personas que tienen que ser atendidas legalmente hasta que cumplan los 18 años", sostuvo Jiménez Barrios en un comunicado, en el que insta al Gobierno a presionar a las comunidades autónomas "para que se impliquen más en este problema".

El número dos del Gobierno de Andalucía apeló a la solidaridad compartida de todas las comunidades. "Tienen que comprender que desde el 1 de enero hasta el 31 de julio, han llegado a las costas andaluzas más de 3.700 menores, y el Gobierno andaluz ha realizado un enorme esfuerzo para atenderlos como se merecen, con respeto, convirtiendo lo que debería ser una emergencia, en un hecho cotidiano", agregó.

En opinión de la Junta de Andalucía la última Conferencia Sectorial de Migraciones "no dio una respuesta satisfactoria a esta situación". No obstante, resaltó su confianza en que "el Gobierno central está trabajando para qué en la próxima reunión del mes de septiembre se lleven propuestas para que las comunidades puedan colaborar más solidariamente".

Este paso supondría "un magnífico ejemplo para la Unión Europea, que sigue sin abordar seriamente este problema de la emigración". "Creemos que el nuevo Gobierno de España tiene capacidad de hacerlo y debe hacerlo en la Conferencia Sectorial del día 5 de septiembre", concluyó el vicepresidente.

La situación de la red de acogida a los menores migrantes en Andalucía se encuentra al límite, con un sistema de acogida inmediata totalmente colapsado. Los centros están abarrotados, multiplicando hasta por diez su capacidad, como ocurre en el centro de referencia de La Línea de la Concepción, uno de los más cercanos al principal punto de entrada de menores.