La Junta de Andalucía destinará 169,5 millones hasta 2022 para mejorar la calidad de vida de más de 914.000 personas, mediante la intervención en 99 zonas desfavorecidas de 65 municipios de la comunidad autónoma. Ésta es la principal previsión de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, que presentó la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien aseguró que las acciones van destinadas a personas en riesgo de exclusión o que están a punto de padecerlo.

El Consejo de Gobierno dio ayer su visto bueno a la iniciativa, que fue elevada para su consideración el pasado mes de mayo. Desde entonces, la administración andaluza ha realizado una ronda de actos por todas las provincias para divulgar sus medidas.

La iniciativa aspira a llegar a casi un millón de andaluces con acciones hasta 2022

En el Campo de Gibraltar, las zonas seleccionadas por la administración regional se encuentran en Algeciras, La Línea y San Roque. En Algeciras, el programa llegará hasta la Zona Sur, lo que abarcará las barriadas de El Saladillo, Pescadores, La Piñera, Quince de Junio, Los Toreros, La Yesera y el Cortijo Vides. En La Línea, las zonas elegidas son La Atunara y Los Junquillos, completando el listado Puente Mayorga, en San Roque. Son, en total, diez barriadas de tres municipios.

El documento no presenta novedades sustanciales respecto al anunciado hace tres meses. Las 99 zonas de actuación han sido seleccionadas teniendo en cuenta indicadores como la tasa de paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia, entre otros.

Se trata, en su mayor parte, de entornos urbanos con elevada concentración de población en situación vulnerable y afectados por la existencia de barreras físicas. El plan, de carácter transversal y cofinanciado al 8 % por el Fondo Social Europeo, cuenta con un presupuesto superior a 169,5 millones de euros hasta 2020, aunque sus medidas podrán ejecutarse hasta 2022.

La consejera detalló que la previsión es que este año se destinen 37,2 millones a través de dos convocatorias de ayudas. La primera de ellas, con casi 28 millones, se dirige a las entidades locales para reforzar el personal de los servicios sociales comunitarios en las zonas de intervención. La segunda, de algo más de 9,3 millones, se destina a entidades privadas sin ánimo de lucro (algo más de 9,3 millones de euros).