Cuatro ayuntamientos del Campo de Gibraltar (Algeciras, La Línea, San Roque y Tarifa) podrán utilizar los remanentes que tienen en los bancos -115.28.412 euros en conjunto- para combatir los efectos de la pandemia. Pueden hacerlo sin límites durante este año y 2021, siempre que las inversiones sean sostenibles. Es decir, que no generen estructuras de gasto para otros ejercicios. En el conjunto del país son 15.000 millones de euros. 

El Gobierno suspendió esta semana las reglas fiscales para este año 2020 y para 2021 después de que la Comisión Europea haya relajado el cinturón de gasto a las administraciones ante el impacto de la crisis sanitaria del coronavirus. La medida permitirá a las comunidades autónomas incurrir en déficit y en más deuda, mientras que los ayuntamientos y las diputaciones podrán emplear sus remanentes en su totalidad, principalmente contra la pandemia, pero también para otras necesidades que presenten. 

San Roque es el que más remanente tiene: 67.961.411,82 €. Algeciras podrá disponer de 23.856.479,15 €; La Línea tendrá 8.763.777,82 € y Tarifa, 14.698.745,02 €. El resto de municipios no aparece porque no tiene fondos. 

Según la información facilitada por Hacienda, los ayuntamientos y diputaciones andaluces tienen 2.280 millones en la hucha, de los que 840 millones son de las corporaciones provinciales.

La Diputación de Sevilla acumula la mitad de ese dinero: 401 millones. Le siguen a distancia las de Málaga (91 millones), Granada (87 millones) y Huelva (82 millones).

Los 1.439 millones restantes corresponden a 474 ayuntamientos, entre los que 20 localidades acumulan 800 millones. Destacan los municipios de tamaño medio, como es el caso Mijas que suma 127 millones en su hucha. Después aparece el Ayuntamiento de Málaga (90 millones) y a continuación Roquetas de Mar (96.800 habitantes), en Almería, con 72 millones de superávit, y entonces figura San Roque, un pueblo de poco más de 31.000 habitantes, que tiene acumulados casi 68 millones de euros. A continuación van Marbella (59 millones) y Dos Hermanas (58 millones).

Aún falta por definirse qué nuevos límites se establecerán en el déficit y en el endeudamiento autonómico. De ellos se hablará el lunes, cuando la ministra María Jesús Montero se reúna con los distintos consejeros de Hacienda en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sea por la Comisión, pero también por voluntad propia, la medida supone una rectificación por parte del Ministerio de Hacienda, que vio cómo el Congreso le echaba para atrás el decreto con el que quiso solucionar este asunto de los remanentes municipales. La suspensión de los cinturones de gasto también permite a las comunidades comenzar a elaborar sus presupuestos.

María Montero Jesús ha realizado este anuncio en el Congreso, donde ha explicado que los gobiernos autonómicos han sido citados el lunes 5 de octubre a un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ha explicado que los Estados han recibido una carta por la que se activa una cláusula de salvaguarda de las restricciones de gasto, deuda y déficit. Esto supone un balón de oxígeno para los ayuntamientos mejor situados, los que han ido acumulando superávit desde 2008. Los que se encuentran en peor situación recibirán una ayuda del Gobierno, pero ésta debe pasar por la aprobación del congreso.

A las comunidades autónomas se les ha citado para el lunes. Allí se les dirá cuál será el límite de déficit para 2021, que en cualquier caso será de referencia, no una obligación. No hay reglas de estabilidad, pero sí indicaciones en función del crecimiento. En el caso andaluz, la Junta aspiraba a incurrir en un déficit del 2,6%, lo que supone un desequilibrio de 3.000 millones de euros. No obstante, el Ministerio de Hacienda volverá a habilitar un fondo Covid para las autonomías; es decir, que habrá más dinero para las comunidades.

De esto se deduce que no habrá barra libre para las comunidades, porque algunos gastos extraordinarios o caídas de ingresos se podrán aliviar con el nuevo fondo Covid. El restante deberá llegar mediante endeudamiento. En el caso de la Junta de Andalucía, por medio del Fondo de Liquidez Autónomica (FLA), de no ser que se le autorice acudir a los mercados.