Campo de Gibraltar

El Ayuntamiento quiere ser acusación en la causa contra la exinterventora

  • Jorge Romero trasladará la petición al pleno que se celebrará el próximo 11 de julio

El alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, anunció ayer en un comunicado oficial que llevará al próximo pleno del 11 de julio una propuesta que trasladará al resto de los partidos políticos presentes en el consistorio para que el Ayuntamiento de Los Barrios se persone como acusación particular en las diligencias previas seguidas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras, e incoadas contra la exinterventora municipal por un presunto delito de estafa.

Esta es la primera medida que tomó ayer el equipo de gobierno tras conocer que la sección de la Audiencia Provincial ha ordenado al citado juzgado investigar si la exinterventora municipal Isabel S.V. pudo cometer un posible delito de estafa o fraude a la Seguridad Social por la contratación de un seguro para el cobro de un millón de euros y el pago de varias hipotecas. La sala algecireña tomó esta decisión teniendo en cuenta las grabaciones aportadas por el alcalde, Jorge Romero, que inició la denuncia.

El alcalde busca el consenso del pleno para reclamar los daños y perjuicios que haya podido sufrir el consistorio con ocasión de los hechos presuntamente delictivos."La personación en el procedimiento es por los perjuicios económicos que le ha causado al Ayuntamiento en caso de ser cierto lo que afirma en las grabaciones", matizó.

Pero Romero va mucho más allá del posible delito penal que pudiera dirimirse de las diligencias que ahora se inician: "Con ocasión de los hechos que pudieran resultar constitutivos de reproche penal, referido a la presunta estafa cometida por la denunciada, a esta corporación la conducta de la exinterventora le ha podido suponer un perjuicio evaluable económicamente al Ayuntamiento puesto que se ha tenido que suplir su puesto de interventora con otros funcionarios, que han visto incrementados sus retribuciones por desarrollo de trabajos de superior categoría. Siendo por tanto, el propio ayuntamiento perjudicado directo de las actuaciones de la denunciada".

Romero considera que con este perjuicio económico, teniendo en cuenta la frágil situación económica que atraviesa el municipio, "resulta un deber con los ciudadanos actuar contra actuaciones que pudieran constituir acciones irregulares, no sólo administrativamente sino que trascienden a la esfera penal, a fin de recuperar el perjuicio económico que haya sufrido el ayuntamiento, y por ende el ciudadano, por cuya integridad deben velar las administraciones públicas",dijo. Dejó claro que el actual equipo de gobierno tiene obligación de exigir la restitución de los perjuicios que haya podido sufrir con ocasión de la actuación presuntamente fraudulenta o delictiva de un empleado público, mediando dolo o imprudencia. "Debemos defender los intereses del Ayuntamiento a fin de evitar que sean los ciudadanos de este municipio los que soporten en último término las consecuencias de una actuación delictiva con consecuencias económicas", concluyó Jorge Romero en el comunicado hecho oficial ayer.

Ningún otra formación política ha reaccionado, de momento, tras hacerse público este caso. Si en los próximos días no se conoce ninguna opinión al respecto, habrá que esperar a la celebración del próximo pleno para ver qué postura tomará cada grupo municipal político en respuesta a la propuesta municipal.

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