Campo de Gibraltar

Aguilera solicita a la Junta "medidas excepcionales" ante un desalojo en Algeciras y un desahucio en La Línea

  • La parlamentaria andaluza traslada a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, la situación de 12 familias en La Piñera cuyas viviendas están en ruinas y la de las 22 familias de la urbanización El Patio

Desahucios aplazados en La Línea Desahucios aplazados en La Línea

Desahucios aplazados en La Línea

La parlamentaria andaluza Ángela Aguilera ha solicitado en una reunión a la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Marifrán Carazo, “medidas excepcionales” para 12 vecinos de “La Piñera” que viven en infraviviendas, así como para 22 familias de La Línea que tienen una orden de desahucio para el próximo 3 de marzo en plena pandemia.

Aguilera ha trasladado a Carazo lo que considera dos problemáticas urgentes de vivienda en la comarca. Por una parte, se trata de los desprendimientos de la estructura de algunas viviendas de la barriada algecireña La Piñera y las condiciones de “ruina” en la que se encuentran éstas, lo que conlleva una situación de "inseguridad y peligrosidad" para las personas que habitan en ellas. La parlamentaria andaluza ha requerido “una alternativa habitacional urgente” a través de la (AVRA) después de que en la mañana del jueves se les haya notificado a 12 vecinos de dos bloques por parte del Ayuntamiento una “orden de desalojo inmediato” fundamentado en la seguridad de los residentes pero "sin ningún tipo de solución habitacional por parte del equipo del equipo de gobierno de Algeciras a estas familias afectadas".  

Por otra parte, referente al desahucio de 22 familias de La Línea, Aguilera ha pedido “apoyo” a la administración andaluza para paralizar el desahucio, pospuesto para el próximo 2 de marzo, hasta que las familias no dispongan de alternativa habitacional. De esta forma, Aguilera ha señalado que “la Junta de Andalucía debe velar por los intereses y los derechos de todos los andaluces y andaluzas y que en este sentido debe asegurar que se cumpla el decreto ley 37/2020 de 22 de diciembre del gobierno central, que permite proteger temporalmente a las personas que aduzcan estar en situación de vulnerabilidad y en base al cual no se deben llevar a cabo desahucios hasta al menos el próximo 9 de mayo.

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