La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha aplazado al próximo 7 de junio el que iba a ser el tercer juicio de los ERE en celebrarse, debido a que el único acusado, el empresario Carles Vandellós Blanch ha cambiado de abogado de oficio, lo que ha motivado la suspensión de la vista oral prevista para mañana.

En una diligencia de ordenación, la letrada de la administración de Justicia recuerda que la representación del acusado ha puesto en conocimiento del tribunal que se ha procedido a la designación de un nuevo letrado de oficio para su defensa, por lo que se ha procedido a realizar un nuevo señalamiento del juicio. La Audiencia ha fijado para el 7 de junio la declaración del acusado y los ocho primeros testigos, mientras que el día 21 de junio tendrá lugar la declaración de los agentes de la Guardia Civil, la declaración de los peritos y las conclusiones.

Este tercer juicio iba a celebrarse tan sólo unos días después de que se haya conocido la segunda sentencia de los ERE, que ha condenado a varios ex altos cargos de la Junta a pesar de que algunos habían sido excluidos formalmente por haber sido enjuiciados en la “pieza política”, la del denominado “procedimiento específico” por el que se concedían las ayudas.

El nuevo juicio confirma el galimatías jurídico generado en torno a la macrocausa de los ERE, en relación con la aplicación del principio de “cosa juzgada” a los ex altos cargos, ya que en esta nueva vista oral sólo va a ser enjuiciado un empresario catalán, Carles Vandellós Blanch, y no los responsables de la Consejería de Empleo que concedieron la ayuda porque, según recoge precisamente la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de conclusiones provisionales, fueron apartados del procedimiento porque el tribunal consideró que ya habían sido juzgados en el “procedimiento específico” de los ERE –en el que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 17 ex altos cargos– y ese juicio abarcaba su participación por completo en los hechos relacionados con la macrocausa de los ERE.

En el escrito del Ministerio Público, los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Francisco Sánchez Mellado explican que en esta tercera pieza de los ERE no se formula acusación contra el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director de Trabajo Juan Márquez porque “no han sido llamados al procedimiento como posibles responsables de estos hechos”.

La razón de esta decisión, prosiguen los fiscales, “radica en la consideración de que los hechos objeto de este procedimiento están comprendidos dentro de los hechos por los que han sido enjuiciados en el procedimiento abreviado 1965/2017 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en el que los tres han resultado condenados como autores de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos por sentencia de 19 de noviembre de 2019”, en alusión a la primera sentencia del macroproceso.

En el juicio que se ha aplazado a junio, la Fiscalía Anticorrupción reclama una condena de cinco años de prisión para el empresario Carles Vandellós Blanch, al que considera “cooperador necesario” de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos. El Ministerio Público reclama además que indemnice a la Junta de Andalucía con 147.913,72 euros por los pagos realizados por la agencia Idea a sus empresas Nerva Croissant y Desarrollos Tecnoalimentarios Nerva.

En su escrito de acusación, la Fiscalía señala que el administrador de Nerva Croissant –una empresa ubicada en la localidad onubense de Nerva y dedicada a la fabricación de productor de panadería, bollería y pastelería– consiguió llegar hasta el director general de Trabajo Juan Márquez, “sabedor de que la Junta concedía ayudas con fondos públicos al margen del procedimiento legalmente establecido”.

De esta forma, Carles Vandellós consiguió en el mes de agosto de 2009 que Juan Márquez le concediera “de manera absolutamente injusta y arbitraria” una ayuda de 84.522,13 euros, actuando “con el conocimiento y consentimiento de sus superiores jerárquicos, Antonio Fernández García y Agustín Barberá, consejero y viceconsejero de Empleo, respectivamente”.