¿Cómo se le explica a una persona con un trastorno del espectro autista que tiene que quedarse confinado en su habitación porque tiene fiebre y tos? Es muy complicado, como también lo es hospitalizar en esta epidemia de coronavirus a una persona con un alto grado de discapacidad intelectual que no sabe cómo decirle a la enfermera cuándo le cuesta respirar o que tiene que hacer sus necesidades.

Por ese motivo, las residencias para personas con discapacidad intelectual gestionadas por las entidades de Plena Inclusión en Andalucía reclaman mayor atención de las administraciones para evitar que los equipamientos que gestionan se conviertan en un foco de contagios tan preocupante como ya lo son las residencias de personas mayores.

Esta federación agrupa a 125 entidades sin ánimo de lucro en Andalucía que, entre todas, tienen instalaciones donde viven 3.014 personas con discapacidad. Según señala Cinta Ruiz, directora gerente de Plena Inclusión Andalucía, su consideración en esta crisis sanitaria es la misma que tienen las residencias de mayores. “No son pacientes de riesgo por su condición de personas con discapacidad intelectual, pero muchos tienen graves problemas respiratorios que los hacen población vulnerable ante esta enfermedad”, cuenta.

El problema, y aunque aseguran ser conscientes de los esfuerzos de las administraciones central y y autonómica, es que la falta de medios es mayor en su caso porque no es tan prioritario como otros. Entre las carencias que señala Ruiz, destaca la falta de equipos de protección para residentes y trabajadores, pero también la escasez de pruebas para evitar la expansión del virus y la garantía de la asistencia sanitaria.

El protocolo en ambos tipos de centros es el mismo y las recomendaciones para tratar a los residentes también. Pero el día a día en una de estas residencias es muy distinto. Alfonso Rubio es el presidente de Aspromanis, una asociación federada en Plena Inclusión que gestiona tres residencias y cuatro pisos tutelados para personas con discapacidad intelectual en la provincia de Málaga. En la capital está una de ellas, La Milagrosa, donde han fallecido dos de las 48 personas que vivían allí. “No son sólo una estadística. Hemos pagado un precio muy alto”, cuenta Rubio.

En la residencia hay hasta tres niveles de confinamiento, gracias a que las instalaciones son lo suficientemente grandes. En uno están los casos confirmados, que superan la veintena. En otro están viviendo los residentes que presentan síntomas, pero no se les ha hecho la prueba. En la tercera zona están quienes, en principio, no tienen síntomas ni han estado en contacto con el resto. Pero los habitantes de la residencia no son los únicos afectados por el coronavirus. Como ocurre en el ámbito sanitario, los profesionales que trabajan en La Milagrosa también se han contagiado o están en cuarentena. De los 33 que forman parte de la plantilla, 20 están inoperativos.

A 18 de ellos les han hecho la prueba, siete han dado positivo por SARS-CoV-2, siete aún no tienen los resultados y cuatro han dado negativo y se han reincorporado. La entidad está paliando las bajas con personal de centros de día que se quedaron sin trabajo al cerrarse estos equipamientos como medida para evitar los contagios.En Plena Inclusión achacan esta situación a la falta de medidas de protección.

“Tardaron diez días en mandarnos algo desde que lo pedimos –explica el responsable de la entidad malagueña– y fueron 100 mascarillas y 200 guantes. Para el resto, nos hemos buscado la vida”. Se refiere Alfonso Rubio a que algunos de los cuidadores han aprovechado las instalaciones y las máquinas de coser de los talleres ocupacionales que tienen cerrados por la pandemia para fabricar batas, mascarillas, conscientes de que “no son una protección total”.

La falta de medios también se extiende a la atención médica de estos equipamientos. Si hay problemas de personal en hospitales, en primera línea de la lucha contra el virus, en estas residencias la situación se multiplica. “El médico tarda en venir una semana”, lamenta Rubio antes de recordar que tampoco cuentan con enfermeros que controlen in situ el estado de los residentes. Para ello, sus herramientas son un termómetro y un medidor de la saturación de oxígeno en sangre. Con esos datos, un médico recomienda, por teléfono, el protocolo a seguir.

cA pesar de la complejidad del trabajo diario en residencias como La Milagrosa, el momento más duro para sus responsables llega cuando uno de sus usuarios tiene que ser hospitalizado. “Cuando llegan allí, no saben dónde están. A muchos los sedan porque se alteran y alteran la situación del hospital, que ya es complicada de por si”, reconoce el presidente de Aspromanis. Para solucionarlo, propone un protocolo específico para que estos pacientes de Covid-19 puedan estar acompañados por uno de sus cuidadores o, al menos, se busque una fórmula intermedia. Además, desde Plena Inclusión reclaman que el tratamiento de las personas contagiadas por coronavirus y que presenten una discapacidad sea igual que la del resto de pacientes y alertan contra posibles casos de exclusión.