El pacto suscrito esta semana por el Partido Popular y Ciudadanos para gobernar en Andalucía recoge entre sus 90 puntos un paquete de medidas fiscales bajo el epígrafe de “Bajadas de impuestos para la clase media y trabajadora”. De todas ellas, la materia que se define con mayor precisión es la que especifica la bonificación del 99% tanto de la cuota del impuesto de Sucesiones como del de Donaciones para parientes directos incluidos en los Grupos I y II –padres, hijos o adoptados y cónyuges–.

También se apuntan rebajas en el tramo autonómico del IRPF, y retoques en Patrimonio, que se equiparará a los tipos de la escala nacional, y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos, donde se revertirá la subida del año 2012. Asimismo, se alude a una “revisión integral” de la fiscalidad ambiental de la que sólo se especifica que buscará garantizar el cumplimiento del “principio de quien contamina paga”.

De llevarse a cabo en su redacción actual, el acuerdo supondrá en la práctica que sólo tendrán que liquidar el impuesto de Sucesiones los llamados colaterales –comprendidos en el Grupo III y que abarcan hermanos, primos, nietos, tíos o sobrinos– y los herederos con un grado de parentesco más lejano o sin afinidad, que se recogen en el Grupo IV de contribuyentes. En el caso de los colaterales y los herederos más lejanos, el futuro gobierno andaluz se compromete también a mantener la reducción del primer millón de euros en la base imponible que se aprobó en la pasada legislatura.

Menos ingresos tributarios

Andalucía se equiparará así a las comunidades donde las herencias prácticamente no tributan en el caso de familiares directos, como Madrid, Cantabria, Canarias o La Rioja. Estas regiones sí gravan a los herederos encuadrados en los Grupos III y IV. Eso explica, por ejemplo que la Comunidad de Madrid, paradigma de la campaña a favor de supresión del impuesto de Sucesiones, recaudara en 2017 más de 400 millones por este tributo, según la estadística de recaudación tributaria del Ministerio de Hacienda, frente a los 364 que ingresó Andalucía.

La medida acordada por populares y naranjas supondrá una nueva merma de ingresos fiscales para la administración autonómica, aunque Sucesiones y Donaciones sólo supone el 2% de la recaudación tributaria de la Junta. Ya son evidentes los efectos en las arcas andaluzas de la última reforma que entró en vigor el pasado 1 de enero fruto del acuerdo entre socialistas y Ciudadanos para sacar adelante los últimos presupuestos de Susana Díaz.

Las herencias procedentes de parientes directos dejarán de tributar

Mientras que en 2015 la recaudación rozó los 400 millones de euros, el ejercicio de 2017 se cerró con una caída del 4% respecto a 2016. En cuanto a 2018, hasta el 31 de octubre la Junta de Andalucía había ingresado 238,5 millones, lo que supone un descenso del 17,4% en comparación con el mismo periodo del anterior ejercicio, según el balance de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. La recaudación final por el impuesto de Sucesiones y Donaciones se quedará este año probablemente por debajo de los 300 millones, una cifra que contrasta con la previsión recogida en los presupuestos autonómicos de 2018, en los que se esperaba ingresar 390,4 millones.

Sin embargo, las sucesivas reformas del impuesto de Sucesiones no se han traducido en una disminución del número de renuncias a herencias, una de las principales consecuencias de este gravamen según sus críticos. En 2017 se registraron en Andalucía un total de 8.341 renuncias, según las estadísticas del Consejo General del Notariado, lo que supone la cifra más alta desde 2011.

Y el balance provisional hasta el tercer trimestre de 2018 recoge un total de 6.666 herencias rechazadas, lo que supone un repunte del 8,6% respecto al mismo intervalo del anterior ejercicio. Está por ver si la nueva vuelta de tuerca a este tributo revierten la tendencia.

Cambios en el IRPF

El pacto entre populares y Cs también recoge una rebaja de todos los tramos de la escala autonómica del IRPF. Sin embargo, no se especifica su cuantía, a diferencia del acuerdo de legislatura rubricado en 2015 entre socialistas y la formación naranja, donde se concretó un compromiso de reducción de entre 2 y 3,5 puntos para las rentas medias y bajas. Esta medida, que sólo se cumplió parcialmente en la anterior legislatura, fue uno de los argumentos en los que el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, justificó la ruptura con el Gobierno de Susana Díaz.

El acuerdo plasma el compromiso con “los principios de estabilidad presupuestaria, eficacia, eficiencia y suficiencia financiera”. Al quedar sin concretar la bajada del IRPF, los futuros socios de gobierno cuentan con margen de maniobra para negociar conforme avance la legislatura. El IRPF aporta casi un tercio de los ingresos fiscales de la administración autonómica, por lo que cualquier retoque puede tener un efecto en el equilibrio de las cuentas públicas y en el cumplimiento del objetivo de déficit si no se compensa en la partida de gastos.

“La bajada del IRPF me parece bastante razonable. No tiene sentido el diferencial con España. En cuanto, a Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, no es que haya que revertir las subidas, es que hay que eliminar estos tributos”, señala el presidente del Observatorio Económico de Andalucía y miembro del Consejo Editorial del Grupo Joly, Francisco Ferraro.

“Pero no comparto ese empecinamiento con el impuesto de Sucesiones porque me parece un impuesto progresivo que existe en muchos países”, apunta Francisco Ferraro, que insiste en que el acuerdo no recoge “cómo se va a financiar la mejora de los servicios públicos que ahí se ofrece cuando se afirma que se perseguirá el objetivo del equilibrio presupuestario, cosa que yo aplaudo”.

Reordenación del sector público

Más allá de medidas cosméticas de ahorro, como la supresión del Consejo Consultivo –cuyo presupuesto asciende a 3,8 millones de euros–, el acuerdo confía la reducción de gastos a una reordenación del sector público basada en la supresión de entes instrumentales y “estructuras duplicadas e innecesarias”. En ese sentido, el futuro Ejecutivo se compromete a aprobar un decreto que centralice la supervisión de la llamada “administración paralela” con el doble objetivo de “eliminar” todos los organismos innecesarios “o expuestos a la corrupción” así como garantizar su “despolitización”.

Los socios plasman su compromiso de eliminar “estructuras duplicadas e innecesarias”

El sector público andaluz está compuesto actualmente por 296 entes, según el inventario del Ministerio de Hacienda, frente a los 359 con los que contaba en 2012. La Junta de Andalucía reduce este cómputo a 216, ya que excluye los consorcios correspondientes a las antiguas Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Territorial (Utedlt), que están en proceso de extinción.

En su último informe sobre la reordenación del sector autonómico andaluz, publicado en 2017, el Ministerio de Hacienda reconocía que Andalucía ya había suprimido el 93% de los entes a los que se había comprometido en 2012, por lo que habrá que esperar para ver con qué margen de mejora contará el nuevo gobierno.

"Echo en falta un postura clara sobre la reforma de la financiación autonómica”, asegura el economista Joaquín Aurioles

Para Joaquín Aurioles, economista y profesor de la Universidad de Málaga, “la reforma de las administraciones públicas está en la línea de lo que se puede pedir, con el objetivo de mejorar su eficiencia y elevar la calidad de los servicios que llegan a los ciudadanos”. Sin embargo, Joaquín Aurioles lamenta la falta de “una postura más diáfana de cara a la reforma de la financiación autonómica, un tema fundamental ahora que se está hablando de un posible pacto fiscal secreto entre Pedro Sánchez y Quim Torra”. Además, señala que los compromisos “se centran en la fiscalidad de los particulares y no en la de las empresas, que es clave para mejorar la competitividad”.

“También falta una estrategia de empleo para segmentos concretos del mercado de trabajo abandonados, como el de los parados de larga duración y los mayores de 45 años”, sostiene este economista, que echa de menos entre las medidas un “impulso a la sociedad civil”. “Aquí no todo tiene que seguir siendo Junta de Andalucía. Hace falta gente que funcione con independencia del presupuesto de la Junta y me parece que es un hándicap tremendo de Andalucía respecto a otras comunidades”, sostiene Joaquín Aurioles.

Los expertos coinciden en la falta de concreción de muchas de las medidas que recoge el acuerdo, algo lógico si se tiene en cuenta que ambos socios precisarán de los votos de un tercero, Vox, que no ha sido invitado a la mesa de negociaciones.