Andalucía

Diez minas bajo sospecha

  • El caso de los ERE entra en la Cuenca y salpica a 800 mineros · Hubo un pacto entre administraciones, pero fue el Gobierno popular quien aprobó los listados

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Una década después de que la Cuenca Minera ardiese por el conflicto desatado ante el cierre de las minas, un auto judicial pone en tela de juicio el proceso para prejubilar a los mineros, la base sobre la que se construyó la paz social en aquel momento y que fue acordada por UGT y CCOO con las administraciones central (gobernada por el PP) y autonómica (con el PSOE). Un pacto por el que 1.200 mineros accedían a algún tipo de ayuda, 800 de ellos a prejubilaciones. Un acuerdo que ahora se vuelve contra el PP, paradójicamente quien denunció el asunto, puesto que fue la Administración encargada de establecer los coeficientes reductores que la juez Alaya pone en duda.

Los trabajadores de siete minas quedan ahora bajo sospecha hasta que se resuelva el enmarañado caso de los ERE, la instrucción sobre las prejubilaciones supuestamente fraudulentas gestionadas con ayudas de la Junta. Ocho años después de que empezasen a cobrar las mensualidades por prejubilación, los nombres de 796 ex trabajadores de las minas aparecen en el auto emitido por la juez Mercedes Alaya el pasado 10 de noviembre. Esta reclama al Instituto Nacional de Empleo que remita el código de ocupación y los coeficientes reductores de la edad de jubilación aplicados a cada minero, es decir, la información para revisar una a una la corrección de las ayudas concedidas.

Se abre así una investigación judicial sobre la resolución del conflicto que en 2002 y 2003 llevó a los mineros a la calle. En el acuerdo marco para la Faja Pirítica, administraciones y sindicatos pactaron prejubilaciones, ayudas extraordinarias o un plan de formación y recolocaciones. Las dos administraciones y los sindicatos, representados incluso por los mismos nombres que hoy siguen en la vida política y sindical, rubricaron un pacto que se vendió por todo lo alto.

En el caso de las prejubilaciones, se establecía como edad mínima los 55 años a final de 2003, pero compensados, es decir, tras aplicar coeficientes reductores que tuvieran en cuenta las penalidades causadas por el trabajo en la mina. Por ejemplo: una persona de 50 años que hubiese trabajado durante 20 años en la mina con un coeficiente de 0,5 tendría compensados 10 años, que se suman a la edad biológica para dar una edad química de 60. Con este procedimiento se estudió caso por caso.

Fue el Gobierno central el encargado de ratificar los listados de mineros susceptibles de ser prejubilados y los coeficientes a aplicar a partir de la información de los sindicatos. De hecho, hubo meses de cruces de declaraciones entre las administraciones implicadas y los sindicatos porque no se aprobaban los listados. Precisamente, la parte que la juez pone ahora en duda, ya que asegura en su auto que del estudio de las vidas laborales se deduce "que algunos de los trabajadores a los que han sido aplicados dichos coeficientes desarrollaban únicamente tareas administrativas" en la mina. De ahí parte una de las peticiones de la juez, que reclama al PP el Plan único del Gobierno central para paliar la crisis de la Faja Pirítica andaluza puesto que "fue suscrito en la etapa en el que el PP ostentaba el Gobierno de la Nación". También se le requiere el documento, no localizado por la juez, a la Junta de Andalucía.

No es la primera vez que se pone en duda este año el proceso. El que fuera director general de Minas de Río Tinto, Carlos Estévez, ya aseguró que los coeficientes no habían sido aplicados correctamente y aseveró que se había hecho así por acuerdo entre las partes; la juez se hace eco de una de estas informaciones en su auto. Alaya también reclama a la Junta datos sobre la fecha de cierre de diferentes explotaciones; otra de las denuncias de Estévez es que se había modificado el año real de clausura para alargar la aplicación de los coeficientes. Así, la juez pide a Innovación las fechas de "cierre efectivo" (ya sea temporal o indefinido) de Minas de Río Tinto, Almagrera, Navan Resources, Filón Sur, Nueva Tharsis, La Herrería y Aguas Teñidas. Y a continuación reclama a la Administración datos sobre las ayudas percibidas por la bolsa de Tharsis, Minas de Cala y Mina de las Cruces. Para cerrar el ciclo, Alaya reabre las sospechas sobre la actual Minas de Aguas Teñidas, de la que pide la vida laboral y los ingresos realizados por la Junta. Toda la información será entregada a la Guardia Civil.

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