La Junta, sobre el pacto del sector público andaluz: "En el siglo XXI no hemos tenido un acuerdo similar con los sindicatos"

El consejero de Función Publica, José Antonio Nieto, ha calificado de "histórico" el preacuerdo alcanzado este jueves entre el gobierno andaluz y los sindicatos para la mejora de las condiciones salariales y laborales de más de 65.000 trabajadores del sector público andaluz (administración general, de justicia y entes instrumentales) para un periodo que arranca en 2026 y se extiende hasta 2030.

En declaraciones a los medios en Cádiz, donde ha participado en la inauguración de XIII Jornadas de Juntas de Gobierno de la Procura, el consejero ha subrayado que espera que este preacuerdo sea ratificado mañana viernes. Ha agradecido a los sindicatos su implicación en la negociación "discreta y leal" que se ha llevado a cabo durante "muchos meses" para lograr un preacuerdo que, además de mejorar las condiciones de los trabajadores del sector público andaluz, impulsará la "modernización de la administración pública" y una mejora der servicio a los ciudadanos. Ello lo convierte en "un acuerdo histórico": "en el siglo XXI no hemos tenido un acuerdo similar con los sindicatos", ha asegurado.

El consejero ha señalado que el preacuerdo permite "atisbar" que se va a conseguir "un acuerdo unánime con todas las organizaciones sociales que aborde un panorama general", tanto de los trabajadores de la Administración andaluza, como del sector publico instrumental y los laborales. De hecho, las organizaciones sindicales CSIF, UGT y CCOO y la Junta de Andalucía ratificarán este viernes en la Mesa General de Negociación Común.

El preacuerdo introduce la carrera profesional para los funcionarios y la evaluación del desempeño con un nuevo sistema de productividad y recupera la acción social, ha enumerado.

En definitiva supondrá "un salto de calidad en la gestión pública andaluza". Además de a los sindicatos, ha agradecido la implicación en esta negociación del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno "que ha estado detrás en todo momento", y de varios consejeros.

"Transformación" de la Administración

El preacuerdo supondrá una "transformación" de la Administración autonómica mediante la simplificación de procedimientos y la digitalización de servicios, al mismo tiempo que tiene como pilar fundamental la mejora del empleo público, "condición indispensable para ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía". En este sentido, se establece un modelo basado en el mérito, la evaluación del desempeño, la formación continua y la estabilidad, a la par que una mejora de las condiciones laborales y salariales de las empleadas y empleados públicos afectados por el ámbito de aplicación de este preacuerdo.

El impulso de la promoción profesional mediante la reorganización estratégica de ciertos puestos de trabajo, a través de una gestión planificada de vacantes, es otro de los puntos que se establecen en el preacuerdo. Con esta medida se pretende una anticipación a las necesidades "futuras y reales" de la Administración, la optimización de los recursos humanos disponibles y la "corrección de los desequilibrios funcionales y territoriales existentes".

Del mismo modo, la adecuación de los recursos humanos a los centros de trabajo "garantizará" el mantenimiento de las plantillas actuales y "se evitará" la externalización de funciones propias, una situación que también se da en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, para lo que la Administración se encaminará hacia un modelo de PRL integral, a excepción del Servicio Andaluz de Salud, con un servicio propio y con recursos disponibles.

Otra de las acciones consensuadas será impulsar el desarrollo normativo necesario para regular la cobertura de puestos de responsabilidad en la Administración General. En este sentido, se establecerán criterios "claros" de selección y evaluación avanzando hacia procedimientos "objetivos y transparentes", potenciando el sistema de concurso específicos sobre los puestos de libre designación.

De igual manera, el pacto incluye una reconfiguración organizativa para contar con estructuras "ágiles y eficientes", con modelos "multidisciplinares y adaptativos" mediante la gestión por proyectos, la optimización de recursos, la eliminación de duplicidades y la consolidación de servicios comunes. La finalización de la negociación del VII Convenio Colectivo del personal laboral antes del 31 de diciembre de 2025 es otro de los puntos acordados, así como el compromiso institucional para impulsar la formación continua como eje estratégico de la modernización de una Administración más ágil e inclusiva, poniendo especial enfoque en áreas como la Administración electrónica, las TIC y el análisis de datos.

Por último, con el preacuerdo, en 2026 se iniciará la recuperación del derecho a las ayudas de acción social de los empleados públicos andaluces, que fueron suspendidas en 2012 y que "priva" al personal de la Administración de prestaciones para una mejor conciliación familiar y laboral, para el apoyo en el cuidado de hijos y ascendientes a cargo, o de carácter sociosanitario.