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La juez pide información sobre ayudas que "autorizaron" Griñán y Aguayo

  • La magistrada dice que el presidente de la Junta, en su etapa al frente de Economía, permitió con carácter previo ayudas de 1,2 millones y el Gobierno replica que la instructora parte de una "falsa premisa"

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A sólo cinco días de las elecciones generales, la juez Mercedes Alaya, que investiga las irregularidades los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de empresas en crisis, ha dado un nuevo giro en la instrucción al reclamar información sobre las ayudas que fueron autorizadas en su día por el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su condición de consejero de Economía y Hacienda, así como de las que autorizó la actual titular, Carmen Martínez Aguayo.

En el auto, que tiene una extensión de 50 folios, la instructora recuerda que las ayudas que superaban los 1,2 millones de euros debían ser aprobadas por el consejo rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) -posteriormente Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)- y ratificadas por el Consejo de Gobierno de la Junta. La juez, que ya había asegurado en un auto anterior que Griñán había tenido conocimiento de los "reparos" de la Intervención al pago de determinadas ayudas, va un paso más allá ahora al citar expresamente al presidente del Ejecutivo. "En aquellos casos en que sea preceptiva la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno será necesaria la previa autorización del titular de la Consejería de Economía y Hacienda, cargos que han sido desempeñados en las fechas referidas por José Antonio Griñán y Carmen Martínez Aguayo", recoge explícitamente el auto.

El Gobierno andaluz se apresuró ayer a salir al paso de esta cita expresa al asegurar que la juez se está limitando a solicitar una información requerida por el Partido Popular, que ejerce la acusación popular en el proceso, "sobre la base de una falsa premisa", ya que la instructora cita al presidente de la Junta y a la consejera de Economía refiriéndose, según la interpretación del Gobierno andaluz, "a una supuesta obligación de una autorización por su parte que realmente no existe".

Con independencia de la valoración del Gobierno andaluz, lo cierto es que el auto de la juez Mercedes Alaya reclama a la Administración toda una batería de nuevos documentos, además de ampliar la investigación a otras 21 empresas que, según la magistrada, han recibido cantidades iguales o superiores a los 1,2 millones de euros. Entre la documentación que reclama la instructora, se encuentran todas las actas del consejo rector del IFA y de IDEA desde el año 2001 a la actualidad, una petición que justifica en la necesidad de profundizar en la nueva línea de investigación que se abrió sobre las empresas vinculadas a José Enrique Rosendo, hijo del ex alcalde de El Pedroso, Rafael Rosendo, que percibió más de 13 millones de euros en ayudas. Por ello, la juez, "ante la posibilidad de que puedan existir otros grupos empresariales, hasta ahora desconocidos, que se hayan aprovechado ilícitamente de estas ayudas", ha ampliado la investigación a la dirección general de Fondos Europeos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, para que "presten la colaboración necesaria para investigar el presunto uso abusivo de fondos públicos".

La magistrada abre igualmente una nueva línea de investigación sobre el expediente "remitido por la Junta" sobre la Faja Pirítica de Huelva y en relación con la misma ha solicitado a la Junta que informe sobre el empleo que desarrollaban los 796 trabajadores de las empresas mineras a los que se aplicó un coeficiente reductor de la edad de jubilación, en atención a la "penosidad y peligrosidad" de dicho trabajo, un beneficio que se aplicó a todos estos empleados a pesar de que, según precisa la magistrada, "algunos" de estos trabajadores "desarrollaban únicamente tareas administrativas".

En relación con las medidas sociolaborales aplicadas a la crisis en las empresas mineras, el denominado "plan único del Gobierno central para paliar la crisis de la Faja Pírita andaluza", la juez ha solicitado a la Junta y a los dirigentes del PP Antonio Sanz y Juan Ignacio Zoido -en su condición de querellantes en esta causa y porque el plan fue suscrito en la etapa en la que el PP ostentaba el Gobierno central- que entreguen en el juzgado dicho plan de actuación. La representación legal del PP remitió ayer un escrito al juzgado exponiendo el "error" de la instructora al "confundir la Administración General del Estado con un partido político", por lo que señala a la juez que debe solicitar dicho plan a la representación del Gobierno de España.

De otro lado, la magistrada reclama información sobre diez empresas mineras, entre las que cita expresamente el caso de Minas de Aguas Teñidas (Matsa), donde trabajaba la hija del ex presidente de la Junta y vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves. Sobre esta empresa, la juez reclama la vida laboral de la empresa, el listado de trabajadores y las ayudas percibidas por parte de la Junta de Andalucía.

Por último, el auto de la juez acuerda imputar en la causa al ex delegado provincial de Trabajo y Asuntos Sociales en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y a Antonio Fernández Garzón, que fueron incluidos entre las ayudas sociolaborales concedidas a los ex trabajadores de la empresa Calderinox.

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