Andalucía

La juez imputa al marido de la ex alcaldesa de Jerez por el caso PTA

  • Se dieron ayudas irregulares para comprar suelo en el Parque Tecnológico Agroindustrial

Novedades en el caso del Parque Tecnológico Agroindustrial (PTA) de Jerez, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por las supuestas ayudas irregulares concedidas a dos empresas por el anterior gobierno local del PSOE en Jerez para la compra de suelos en el PTA de la ciudad. La juez que instruye el caso, destapado por el PSA a mediados de 2010, ha citado a declarar el 7 de noviembre en calidad de imputados a Juan Carlos Jiménez, ex jefe de gabinete de Alcaldía y marido de la exalcaldesa socialista, Pilar Sánchez, y a Javier Moreno, miembro de la ejecutiva local socialista que fue contratado por el PSOE en la delegación municipal de Fomento.

Ambos se suman a los once imputados y nueve testigos que ya suma esta causa abierta por Anticorrupción. En el caso de Jiménez y Moreno, han sido llamados a prestar declaración en calidad de imputados, según ha podido saber este medio, tras ser vinculados con el caso por uno de los imputados que ya se sometió en las últimas semanas a las preguntas del Ministerio Fiscal y de la magistrada que dirige la instrucción.

Entre los políticos socialistas imputados están la propia ex alcaldesa, Pilar Sánchez -declaró el pasado mes de septiembre y negó su relación con las empresas supuestamente beneficiadas por las rebajas en el precio del suelo-;la antigua delegada de Medio Rural, Carmen Martínez;y el ex delegado de Fomento Económico, Francisco Lebrero. También aparecen en la instrucción dos altos cargos del antiguo Instituto de Promoción de la Ciudad, otro de la Delegación de Medio Rural, un técnico que actualmente trabaja en el PTA y cuatro responsables de las dos empresas que se vieron favorecidas por la aminoración en el precio de los terrenos públicos que adquirieron en el parque.

Una de las empresas es Tecnología e InnovaciónSanitaria SL -renombrada Sistemas Innovación de Fluidos-, que obtuvo una rebaja en la compra de suelo en el PTA de más de 240.000 euros (40%del total) sin ni siquiera incluir en su objeto social actividad alguna relacionada con los criterios específicos que regían la concesión de unas ayudas destinadas a la implantación de empresas en el parque agroalimentario.

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