José Antonio Ruiz Pau, secretario de la Mesa de Contratación que adjudicó por 12 milllones de euros la venta de cuatro parcelas propiedad el Ayuntamiento de La Línea a la empresa Roseworld, reiteró ayer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de ese municipio gaditano que la exclusión de Promaga, la otra empresa que optaba a los terrenos, no fue, a su juicio, "correcta", y aseguró que esta circunstancia la puso de manifiesto en un documento aportado ayer y que fue admitido por la juez, con fecha del 12 de diciembre de 2005, "en el que consta haber sometido a pleno el asunto sin haberse resuelto las observaciones y reclamaciones presentadas por Promaga, las cuales se debieron resolver con carácter previo a la celebración del pleno".

En su declaración, Ruiz Pau hizo hincapié en que sus funciones como secretario se limitaban "a velar por la legalidad formal; es decir, levantar acta de la evolución de la sesión y comprobar la documentación de conformidad con el pliego de condiciones, sin intervención alguna en la redacción de dicho pliego", y destacó que el secretario "no tiene que ser letrado".

Por otro lado, reseñó, tal y como hiciera el pasado 10 de diciembre, cuando prestó declaración como testigo y salió del número 1 como imputado, que antes de la reunión del 5 de diciembre de 2005 mantuvo una reunión con el entonces gerente de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama, al que manifestó que le parecía "muy fuerte y rigurosa" la exclusión de Promaga, ya que en anteriores ocasiones no había sido rechazada.

Además, según reza la declaración, le trasladó que le parecía "muy forzada" la exclusión de una empresa "que daba dos millones más [por los terrenos] sin hacer un estudio más detallado, a lo que Calama respondió que el tema ya había sido visto por la asesoría jurídica y que, como secretario de la mesa, se limitara a dar lectura de dicho informe".

Este caso se remonta a finales de 2005. Tras la venta de las cuatro parcelas, el ex policía local José Carrión interpuso una querella criminal al considerar que el procedimiento de adjudicación de este suelo había sido irregular en perjuicio de Promaga.

La querella fue interpuesta contra el alcalde, Juan Carlos Juárez; los concejales del PP María Cruz Atienza, Juan Montero y Francisco Muñiz; el gerente municipal de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama; el ex secretario general del Ayuntamiento Agustín Sevillano; el interventor municipal y el portavoz del grupo mixto, Antonio García Buendía, así como contra todos los miembros de la Corporación municipal que votaron a favor en aquel pleno.

La empresa Abuztúa Inversiones, participada al cien por cien por el Grupo Lábaro, compró posteriormente los terrenos a Roseworld por 14 millones de euros, dos millones más que los que había pagado al Ayuntamiento.

Ruiz Calama dimitió el pasado mes de noviembre de sus competencias municipales y renunció a su acta de concejal del PP en el Ayuntamiento. Ruiz Calama justificó su decisión en que necesita tiempo para preparar su defensa en el caso Roseworld. Tanto él como Juárez y el empresario Anil Thakurdas tienen retirados sus pasaportes con prohibición de salida del territorio nacional.

La Fiscalía General del Estado mantiene desde diciembre abiertas las diligencias de inspección fiscal para aclarar si existe demora en varios procesos judiciales contra el alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, varios miembros de su equipo de gobierno y funcionarios de este Ayuntamiento. La Fiscalía General del Estado ha confirmado esta investigación al policía local en excedencia José Carrión Capilla, que ejerce como acusación particular en varios procedimientos.