El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la presunta estafa de las clínicas Dental, ha ordenado la práctica de 11 detenciones, y varios registros en seis provincias, una de ellas Granada, en el marco de esta macrocausa. El juez les imputa hasta siete delitos: administración fraudulenta, pertenencia a organización criminal, estafa continuada, apropiación indebida, alzamiento de bienes, falsedad documental y blanqueo de capitales. Entre los detenidos  figuran los dos fundadores del grupo Idental, uno de los cuales se encontraba en el Reino Unido.

Los detenidos captaban fondos de inversores internacionales y entidades de crédito con la aparente intención de comprar y reflotar empresas en crisis, pero en realidad las descapitalizaban y desviaban los fondos para el  enriquecimiento personal de los investigados. La cuantía de los defraudado podría superar los 60 millones de euros, según ha informado este martes la Audiencia Nacional.

Esta madrugada agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), dirigidos por el juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, han detenido a 11 personas en el marco de la investigación por la gestión fraudulenta de las clínicas Idental. Además, se han practicado registros en Madrid, Alicante, Murcia, Granada, Gerona y La Coruña.

A lo largo de estos meses, la investigación judicial ha perfilado otros hechos delictivos vinculados a los últimos administradores de Idental. Así, las personas detenidas pudieron crear una estructura societaria para conseguir fondos a través de empresas en crisis, en las que invertían, supuestamente para reflotarlas.

Sin embargo, su objetivo principal, según los investigadores, era su propio enriquecimiento personal, a través de los fondos desembolsados por diferentes inversores nacionales y extranjeros, a sabiendas de la inviabilidad económica de estas inversiones y en perjuicio de trabajadores, proveedores y clientes.

La cuantía total de lo defraudado podría superar los 60 millones de euros. En algunos casos, los investigados contaban con la connivencia de empleados de entidades de crédito que se encargaban de conceder los préstamos necesarios para realizar las inversiones. Los miembros de la organización  descapitalizaban progresivamente las empresas y a través de testaferros, sociedades pantalla y cuentas puente ocultaban el destino final del dinero.

En el caso de Idental, las personas investigadas en esta causa engañaban a los pacientes, a quienes les hacían contratar préstamos para financiar sus tratamientos dentales, con supuestos descuentos de hasta el 80%, a costa de inflar el presupuesto, y basándose en supuestas subvenciones de organismos públicos estatales  inexistentes y a políticas muy agresivas de marketing.

Entre los detenidos figuran los dos fundadores del grupo Idental, uno de los cuales ha sido detenido en el Reino Unido, con la colaboración de las autoridades británicas. Esta persona estaría planeando implantar nuevas clínicas odontológicas en Gran Bretaña.

 En julio del año pasado, el magistrado José de la Mata asumió la investigación de la estafa de las clínicas Idental por el volumen extraordinario de la causa, el despliegue de la operativa presuntamente fraudulenta a lo largo y ancho del territorio nacional, así como por la existencia de miles o decenas de miles de perjudicados y de una aparente compleja estructura societaria.

La estructura de Idental tenía por objeto la prestación de servicios odontológicos mediante un gran número de clínicas dentales repartidas por todo el territorio nacional. Paralelamente, Idental venía ofreciendo un sistema de financiación de tratamientos, a través de entidades colaboradoras como Evo Finance, Cetelem, Santander Consumer, etc.

Personal no cualificado y material de baja calidad

El juez relataba en el auto en el que asumió la competencia cómo a través de estas entidades de financiación, Idental percibía el abono íntegro anticipado de sus servicios y una vez percibido este precio, según consta en la denuncia de los afectados, “los pacientes eran atendidos por personal no cualificado, se empleaba material de baja calidad, y los tratamientos no eran finalizados, dejando los procesos odontológicos incompletos, con los consiguientes perjuicios para los pacientes. Los procesos y tratamientos finalmente quedaron interrumpidos, hasta llegar finalmente al cierre de las clínicas”.

Tras asumir la causa, en el mes de septiembre se llevó a cabo el registro de las 23 clínicas de la franquicia en España. Una operación de la Policía Nacional registra las clínicas de iDental en 21 provincias españolas.

En el operativo participaron más de 300 agentes con el fin de incautarse de equipos informáticos, recopilar pruebas para devolvérselas a los pacientes afectados y elaborar un inventario de activos.

La denominada operación Apolonia se desarrolló en Rivas-Vaciamadrid (Madrid), Gijón, Salamanca, Valladolid, Segovia, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Girona, Castellón, Valencia, Alfafar (Valencia), Albacete, Alicante, Elche (Alicante), Murcia, Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádiz y Las Palmas.