Andalucía

El grupo de trabajo sobre la reforma electoral acaba sin resultado

  • El Parlamento aprueba el dictamen, que servirá como base de una remodelación futura

  • Ciudadanos colocó esta reforma como un ultimátum al PSOE y al Gobierno

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, conversa con el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, en el pleno del Parlamento de Andalucía La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, conversa con el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, en el pleno del Parlamento de Andalucía

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, conversa con el vicepresidente, Manuel Jiménez Barrios, en el pleno del Parlamento de Andalucía / Raúl Caro, EFE (Sevilla)

El grupo de trabajo sobre la reforma electoral se creó en el Parlamento en febrero de 2016. Entonces, el pacto de investidura entre PSOE y Ciudadanos no había cumplido ni un año. Unos meses antes se firmó el primer acuerdo de presupuestos entre el Gobierno andaluz y el partido de Juan Marín. La luna de miel entre socialistas y naranjas acababa de empezar. Esta tarde ha acabado la andadura de ese grupo de trabajo con el pacto que ha sostenido la legislatura recién fracturado y con un éxito moderado. 

El dictamen realizado por el presidente, el socialista Jacinto Viedma, ha salido adelante en el primer Pleno del curso 2018-2019. Ha sido posible gracias al apoyo del PSOE y el PP, la abstención de Podemos y el PP y la única negativa de IU. Sin embargo, todos los grupos coinciden en afirmar que el documento no es más que una recopilación de las propuestas de cada partido.

La portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha dividido las medidas incluidas en el dictamen en tres grupos: las que pueden abordarse en el Parlamento mediante reforma de la ley actual, las que requieren de una reforma del Estatuto de Autonomía y las que dependen de la legislación estatal. Las tres categorías tienen algo en común, que ninguna de las iniciativas incluidas en ellas se pondrán antes de las próximas elecciones. Sean cuando sean. 

La falta de consenso imposibilita la reforma

No es del todo cierto que no haya consenso en nada. Los cinco grupos están de acuerdo en la unificación de la propaganda electoral que les llega a los ciudadanos. También creen que deberían mejorarse las normas que rigen los debates. Y hasta ahí el acuerdo. Hay quien, como Podemos e IU, apuestan por aumentar a 119 el número de escaños. Son diez más que en la actualidad, pero en la izquierda siempre se encargan de recordar que cualquier crecimiento en diputados no puede ir aparejado a un mayor gasto. 

"Ustedes lo que quieren es más diputados con menos votos", ha espetado el portavoz popular, Antonio Saldaña, mirando a los grupos minoritarios, Podemos, PSOE y Ciudadanos. El parlamentario del PP se ha mostrado especialmente crítico con las propuestas de Juan Moreno Yagüe, de Podemos. Sin embargo ha sido Ángeles Férriz la más dura del debate, ya que ha aprovechado para criticar la ruptura del pacto de investidura por parte de Ciudadanos. 

Según la dirigente socialista, el partido naranja ha convertido la reforma de la ley electoral "en una maniobra en beneficio de Albert Rivera". Férriz le ha recordado a los naranjas que el Estatuto no se reforma "en 48 horas", en referencia a la eliminación de los aforamientos. Son las dos exigencias utilizadas por Marín y Rivera para romper el acuerdo de investidura. 

"Hace un año dijeron que el cumplimiento del pacto llegaba al 70%. Su excusa se disuelve como un azucarillo", ha ilustrado Férriz. El pasado invierno, Marín anunció que si el PSOE no impulsaba la reforma electoral, habría consecuencias. Las consecuencias han llegado hace menos de una semana y esta tarde, tras la aprobación del dictamen, Juan Marín ha asegurado que el PP y el PSOE son "un matrimonio" cuando se trata de "blindar privilegios".

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