La Junta de Andalucía vuelve a manifestar sin disimulo su disgusto con el Gobierno central por la financiación de la ley de Dependencia. El Ejecutivo de José Antonio Griñán se satisface de ser, con diferencia, la comunidad con mayor número de beneficiarios y prestaciones otorgadas, pero se siente maltratada con el reparto de la financiación estatal, que está llevando a la arcas andaluzas a hacer un sobre esfuerzo. Como muestra, en agosto ya se han rebasado los 849,2 millones de euros que se presupuestaron para este año, por lo que la Junta se verá obligada a aumentar el crédito.

La Junta lamentó en el plan económico financiero presentado al Gobierno en julio que su afán en la aplicación de la ley le complica la contención del gasto a la que están obligadas las comunidades. Por ello reclama un cambio en la distribución del dinero. Otra vez.

Porque hace año y medio, las quejas de la Junta encontraron eco en el Gobierno, que modificó el reparto de los fondos del nivel acordado 2010-2013 para que progresivamente se recompensara a las comunidades que más dependientes atienden, y no a la población potencialmente dependiente, como se venía haciendo.

Ahora la Junta batalla para que también se tenga en cuenta el servicio otorgado, es decir, que se recompense a las comunidades que ofrecen mayor número de servicios asistenciales (ayuda a domicilio, residencia, teleasistencia, centro de día ..) en lugar de pagas de entre 300 y 600 euros. En Andalucía, el 56% de ayudas concedidas son servicios y el 44% prestaciones económicas.

La fórmula la ha presentado ante el Gobierno, sin éxito, la consejera para la Igualdad y Bienestar Social , Micaela Navarro. Se trataría de la creación de un nuevo fondo por parte del Gobierno con el dinero que se ahorra, por un lado, y que ingresa con estos servicios, por otro, y que se repartiría entre las comunidades primando la cantidad de servicios asistenciales que prestan.

"Con las prestaciones económicas, el Estado es el que paga a la Seguridad Social; pero con los servicios, son las empresas. Ese dinero se lo ahorra el Gobierno, que ingresa lo que pagan las empresas. Entonces un porcentaje de ese montante se invierte en las comunidades que mayores servicios prestan a los dependientes", explicó Navarro en declaraciones a esta redacción.

El frente abierto con el Gobierno por la financiación de la dependencia lo desveló Griñán en el último pleno del Parlamento celebrado en junio, donde hizo gala de su beligerancia con el Gobierno y anotó hasta cinco cuestiones en conflicto, entre ellas la financiación estatal de la dependencia.

Cuando la ley se aprobó en 2007, el Gobierno se comprometió a ayudar a las comunidades en el 50%. Pero en el caso de Andalucía no llega al 40%, lo que ha llevado a la Junta a incrementar sus partidas cada año. En 2011 sorprendentemente ya se ha incrementado "un poco" el presupuesto previsto, anunció Navarro, como consecuencia de que se ha adelantado el dinero comprometido y al incremento, único en España, de 600 plazas en los centros residenciales.

"Es muy injusto el reparto, porque tiene un coste mucho mayor dar un servicio que una paga. El dependiente además recibe un servicio profesionalizado, y beneficia al Estado y a la sociedad, porque se genera más empleo que ahora está en manos de los familiares que reciben la paga", apunta Navarro.

La consejera reconoce que desde abril se han producido dos reuniones técnicas sobre dependencia entre el Gobierno y las comunidades, "pero no se ha movido nada". Con el actual Gobierno, representado en el Ministerio de Sanidad y Política Social por Leire Pajín, ya no hay margen de maniobra, aunque Navarro anticipó que retomará la reivindicación con el gobierno saliente del 20 de noviembre. "Lo vamos a seguir defendiendo porque es de justicia", concluyó.