El Servicio de Protección de Menores de la delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta está colapsado. Tanto, que los trabajadores tienen que atender a las familias en los pasillos, los técnicos realizar, además de sus tareas, labores administrativas y, a la par, exprimir sus horas de trabajo al máximo para que los expedientes de menores no se sigan acumulando en las mesas. Después de años esperando una solución por parte de la administración, los empleados no han podido más y ayer salieron a reclamar las mejoras personales y materiales que les faciliten realizar su trabajo dignamente.

La delegada para la Igualdad y el Bienestar Social en Granada, Elvira Ramón, no ocultó el problema y reconoció que el servicio tiene falta de personal. ¿La solución?: Pidió tiempo, a que se configure el nuevo gobierno y se conozcan los nombres de los responsables a los que exponerles sus demandas.

Bajo una pancarta en la que se podía leer "Para una atención digna a los menores y a las familias. Dotación de recursos ya", los trabajadores denunciaron la cruda realidad con la realizan su trabajo cada día. "Tratamos con menores maltratados y desprotegidos y con familias con problemas muy graves que, por ley, necesitan de una mínima intimidad y no que se les atienda en un pasillo", relató Pilar Mellado, una de las psicólogas del servicio.