Catalina García: “La protección del medio natural es compatible con la actividad económica”

La Junta tiene una estrategia clara y un plan de trabajo para adaptar la protección del medio natural a la realidad social, económica y condicionada por el cambio climático. Y la Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, la detalló en el Foro Joly Andalucía que se celebró ayer en el restaurante Abades de Sevilla con el patrocinio del Grupo Azvi. García precisó que en esta legislatura están llevando a cabo una renovación legislativa “sin precedentes” que pasa por la protección de los montes públicos, un cambio sustancial en la Ley de Gestión Ambiental, con una reducción significativa de los plazos y de los requisitos legales para las autorizaciones a las actividades económicas, pero también el refuerzo de los mecanismos de vigilancia y control con la Ley de Agentes de Medio Ambiente.

Las dos primeras leyes están en tramitación en el Parlamento y la tercera ya está en vigor: “¿Por qué llegan en el tramo final de la legislatura? La respuesta es muy clara: una propuesta normativa que pretende ordenar el futuro ambiental de Andalucía para las próximas décadas requiere análisis, estudio y participación”.

El objetivo es hacer “que la protección del medio ambiente sea compatible con la actividad económica” a través de la generación de confianza. “Porque sostenibilidad y desarrollo económico son compatibles. Son, en realidad, dos caras de una misma moneda”. Y la consejera de Medio Ambiente y Sostenibilidad entiende que “el camino para lograrlo pasa, inevitablemente, por un marco regulador que ofrezca garantías, seguridad jurídica y procedimientos ágiles”. Y las tres leyes responden a una misma filosofía: “El diálogo como herramienta de progreso”.

Los Montes, patrimonio público

Catalina García especificó que la legislación forestal estaba anticuada, lo que generaba confusiones, vacíos y duplicidades que era imprescindible corregir. La norma desarrolla en profundidad los aspectos propios de la comunidad autónoma: la gestión pública y privada del monte, la participación social, la prevención de incendios, la biodiversidad y la bioeconomía rural.

“Este Proyecto de Ley se fundamenta sobre una idea: los montes son un patrimonio colectivo y no sólo un recurso natural. También son una fuente de vida, de economía, de identidad y de bienestar para todos los andaluces”. Y para ello introduce el valor económico de los productos forestales. “La consecuencia es clara: se aminora el gasto público, se pone en valor los recursos del monte y se genera bioeconomía en el necesitado medio rural”. Además, en materia de prevención de incendios, el texto integra medidas de prevención, restauración y recuperación de zonas afectadas.

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente también describió las novedades que plantea la nueva Ley de Gestión Ambiental que modifica los instrumentos de prevención, evaluación y control ambiental de Andalucía, además de recoger la estrategia para la política ambiental de los próximos quince años. “Responde a una necesidad muy clara: agilizar, simplificar y modernizar la administración ambiental andaluza. Garantiza un elevado nivel de protección ambiental y de salud pública, reforzando los principios de prevención, transparencia y participación ciudadana”.

La norma reduce casi a la mitad los tiempos de tramitación de las licencias, “unos plazos suponen un cambio trascendental para empresas, ayuntamientos y ciudadanía, garantizando seguridad jurídica y agilidad sin renunciar al rigor técnico. Se crea la licencia ambiental, que sustituirá a la calificación ambiental que otorgan los ayuntamientos”.

Además, la nueva normativa regula de manera más clara y ordenada los instrumentos de prevención ambiental, separando por primera vez los títulos de evaluación ambiental y de prevención. Una de las principales novedades de la ley es la prestación ambiental sustitutoria, que permitirá sustituir determinadas sanciones económicas por acciones de restauración, conservación o educación ambiental. “Así, las infracciones se convierten en oportunidades para mejorar el entorno y sensibilizar a la sociedad”.

La vigilancia e inspección

El cambio normativo en materia medioambiental de la Junta se completa con la creación del cuerpo de los Agentes de Medio Ambiente, que son los responsables de la vigilancia del patrimonio natural y también los encargados de la inspección para verificar que se cumplen efectivamente todas las medidas de protección necesarias para cualquier actividad.

“Todas las actuaciones de este gobierno, todas las iniciativas parlamentarias, se basan en la convicción de que la sostenibilidad no es un freno, sino un motor de desarrollo. Porque solo garantizando la protección del medio podremos asegurar un crecimiento económico duradero, justo y equilibrado”, concluyó.