El portavoz de IU Diego Valderas subió ayer a la tribuna del Parlamento andaluz, y mostró un recorte de prensa de 1994. En Galicia, Manuel Fraga había aprobado entonces, con toda su mayoría absoluta, una medida similar a la que dio el visto bueno la Cámara, pero más radical. Los alcaldes gallegos no pueden presentarse a las elecciones autonómicas -son inelegibles-, mientras que los andaluces deberán escoger, una vez elegidos, qué desean ser: si regidores de su municipio o parlamentarios. En 1994, Fraga aprobó esta norma por temor a dos poderosos alcaldes socialistas, los de La Coruña y Vigo, políticos de gran tirón electoral que podían trasvasar sus apoyos del ámbito municipal al autonómico. Valderas esgrimió la información de prensa para demostrar las incoherencias del PP, a la que cabría añadir que su líder andaluz, Javier Arenas, no se cansó de repetir desde 2004 aquella máxima de "una persona, un cargo". En la Cámara hay 19.

Pero incoherencias aparte, el conjunto de cambios normativos que aprobó el Parlamento bajo el epígrafe de medidas de transparencia democrática sí indican que buscan un gran destinatario: el grupo parlamentario popular, en el que 19 de sus 47 miembros son alcaldes, y por tanto no podrán repetir en las próximas elecciones autonómicas. Hay otros dos perjudicados especiales: Arenas, que no podrá cobrar su sueldo como senador a la vez que la retribución anual que le da el PP en su condición de vicesecretario general (son incompatibles desde ahora las retribuciones, aunque alguna de ellas sean privadas), y Manuel Chaves, que como ex presidente de la Junta no percibirá al jubilarse un complemento de pensión que iguale el mensual con el sueldo de responsable del Gobierno. Escuredo renunció a ello.

19 alcaldes son muchos, pero a Antonio Sanz, que defendió la postura del PP ayer, se lo pusieron bastante fácil. Quien ejerció de portavoz socialista, José Muñoz, no iba bien provisto de argumentos, y Sanz no sólo se lo comió, sino que le restregó varias veces la victoria del PP en las pasadas elecciones municipales.

"Los ciudadanos han avalado la compatibilidad [entre alcalde y parlamentario] porque han sido votados hace poco; los ciudadanos sabían de su condición cuando los votaron", mantuvo Sanz, que dio cuenta de las iniciativas parlamentarias de los regidores: 6.161 frente a las 3.448 de todo el grupo socialista. Sólo el alcalde de Motril, Carlos Rojas, había firmado un total de 1.117. Es cierto que ahí reside el problema y la virtud, porque muchos alcaldes usan el Parlamento como cámara de sus reivindicaciones locales, quizás, a veces, de modo abusivo, aunque hasta ahora no estaba escrito que eso fuera incomp atible. En otras ocasiones, los dos cargos son difíciles de casar. La presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves, explicaba este domingo, en estas mismas páginas, la ausencia de la vicepresidenta María José García Pelayo a una reunión porque ese día debía de recibir al presidente de la Junta y al ministro de Fomento en su ciudad, Jerez, en su condición de alcaldesa.

Pero fue también Valderas quien dejó al aire otras incoherencias del PSOE cuando aseguró que su grupo hubiera ido a más, y por ejemplo le habría gustado que los alcaldes tampoco fueran senadores o eurodiputados, que algunos socialistas hay en las dos Cámaras.

Será, con toda probabilidad, el Constitucional la institución que se pronuncie sobre esta nueva incompatibilidad. ¿Y sobre la de Galicia? Pues nadie, porque ningún grupo la recurrió entonces ante el tribunal. Tampoco el PSOE.