El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos (Cacoa), Luis Cano, advirtió ayer a la Administración andaluza sobre la "ilegalidad" de utilizar el concurso de proyectos y obra para llevar a cabo el Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA), el nuevo plan de choque encaminado a obras de mejora de la red de centros educativos públicos y creación de empleo de proximidad. Además, el Cacoa estimó ayer que la deuda de las administraciones públicas con estos profesionales -Junta, ayuntamientos y diputaciones- en Andalucía asciende a 150 millones de euros, aunque no se trata de una cifra definitiva.

Fuentes del Cacoa señalaron que la institución colegial está realizando un estudio para cuantificar con exactitud la deuda. Respecto a sus dudas sobre la legalidad del Plan OLA, los arquitectos consideran que la ley obliga a contratar, por un lado, el proyecto y, por otro, la construcción de la obra, mientras que a través de este tipo de concurso todo el trabajo se encarga a una empresa constructora o de servicios y ésta es la que se encarga de contratar al arquitecto.

El Consejo de Colegios de Arquitectos exigió además a las administraciones públicas que se respete el fondo de las resoluciones judiciales que buscan el respeto de la normativa sobre contratación. Según el Cacoa, los concursos públicos deben garantizar la calidad de la arquitectura y posibilitar el acceso y la libre competencia entre profesionales. Así, Cano, indicó que los órganos judiciales han llevado a cabo en los últimos tiempos actuaciones y resoluciones que evidencian "las irregularidades" en los procedimientos de las administraciones y entes públicos andaluces porque limitan la concurrencia de los arquitectos mediante exigencias de solvencia "desproporcionada" y también por la ausencia de propuesta técnica específica, lo que provoca "la ruptura entre el objeto del contrato y el procedimiento de contratación".

La profesión de arquitecto, que en el ejercicio libre ha sufrido en los últimos tres años una disminución del 90% del volumen de trabajo de iniciativa privada, se está enfrentando a unos procesos de contratación pública "en muchos casos irregulares", según señaló Cano, que exprimen a los profesionales en el precio y en el plazo, obligándoles a trabajar por debajo de los costes del servicio para poder garantizar la calidad.