El juez número 3 de Sanlúcar de Barrameda ha desestimado la medida cautelar solicitada por la actual Junta Gestora de la Cofradía de Pescadores y ha permitido al ex patrón mayor José Antonio Díaz León -denunciado por ocho presuntos delitos- presentarse a las elecciones del 4 de julio.

En un auto al que tuvo acceso este periódico, el juez dice que no cree que, en caso de ganar las elecciones, Díaz León pueda destruir pruebas porque son en su mayor parte documentos bancarios o en poder de la Junta de Andalucía. “Lo único existente hasta ahora son las manifestaciones del querellante, cuya realidad y veracidad deberá sustanciarse en el devenir de la instrucción, sin que en este momento existan indicios claros y sólidos que revelen la realidad de lo afirmado más allá de que, según se encuentran descritos, pudieran constituir infracción penal”, pero “sin que ello suponga sin más la adopción de la medida cautelar interesada”.

El abogado de Díaz León, Miguel González Saborido, declara a este periódico que “utilizando un símil bélico, hemos ganado la primera batalla”. “Estamos convencidos de la absoluta inocencia de quien fuera patrón mayor de la cofradía y esta resolución es un paso adelante en la defensa de sus intereses”, añade.

A las elecciones se han presentado seis candidaturas, una de ellas la del ex patrón mayor, porque se propone “seguir con el auge que venía teniendo la cofradía, de ahí que no se plantee abandonar ante las injurias y calumnias que se vierten contra su persona”, mantiene su letrado. Asegura que Díaz León percibe “el absoluto respaldo de los armadores y marineros del puerto pesquero de Bonanza”.

El juez destaca en su auto que el proceso se encuentra “en fase embrionaria, pendientes aún de ratificación del querellante y de la declaración del investigado, así como de otras diligencias de investigación”, sin perjuicio de que “avanzada la instrucción se consoliden los indicios primarios o incluso desaparezcan, lo que sin duda deberá determinarse en el marco de la instrucción que debe practicarse”.

Sobre el riesgo de destrucción de pruebas en caso de ser reelegido, dice el juez que “no puede tener acogida favorable porque en estos momentos existe una Junta Gestora que ha privado de toda disponibilidad y margen de maniobra al querellado, por lo que se descarta tal riesgo” y en segundo término porque para el hipotético supuesto de ser elegido, “tampoco los documentos en los que fundamenta el querellante sus indicios son de los que el querellado tenga disponibilidad, porque se trata de documentación bancaria, de documentación en la Consejería de Pesca y de una pericial de cuya disponibilidad ningún margen de maniobra tiene el querellado”.

Díaz León ha sido acusado por los actuales dirigentes de la cofradía de ocho presuntos delitos: prevaricación y malversación (al tener la Cofradía de Pescadores la consideración de corporación pública), falsedad documental, delito societario, administración desleal, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias. Entre otros, le imputan haber contratado a dos de sus hijos, dos yernos, un cuñado y otro familiar.