Andalucía

Roca reconoce que cobró de Aifos para legalizar el hotel Guadalpín

  • El director comercial de la promotora le entregó 2,6 millones por un informe favorable

Juan Antonio Roca se presentó ayer como un hombre sin escrúpulos que con una mano negociaba convenios con los promotores de Marbella y, con la otra, cerraba con ellos negocios que cada día lo hacían más rico. El principal procesado en el caso Malaya siguiendo la estrategia defensiva que inició la semana pasada trata de poner a salvo los más de 30 millones de euros que en sólo unos años le entregaron los empresarios, aunque para eso tenga que hacer complicadas filigranas entre la ilegalidad y la inmoralidad.

Ayer admitió que el director comercial de Aifos, Francisco García Lebrón, le entregó en su despacho de Maras Asesores 2,6 millones de euros en efectivo entre enero y junio de 2004. Roca justificó estos pagos en un supuesto contrato "verbal" con la promotora malagueña para asesorarle porque el hotel Guadalpín Banús excedía los límites de edificabilidad y la compañía le encargó un estudio del potencial de esta parcela con vistas a su legalización. No obstante, explicó que su asesoramiento era privado y no incluía la legalización del Guadalpín Banús, sino sugerir un convenio urbanístico "que fuese asumible" por el Ayuntamiento. En cualquier caso, cobraba en metálico, sin factura y no declaraba.

A partir de junio de 2004 las entregas de dinero de Francisco García Lebrón siguieron hasta completar la suma de 4,8 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción considera que eran sobornos pagados por Aifos a Roca para conseguir favores urbanísticos. El acusado, en cambio, sostuvo que si los primeros 2,6 millones fueron retribuciones por su asesoramiento privado en el Guadalpín, los 2,2 restantes respondían a los negocios que compartía en Murcia con García Lebrón.

Durante la tercera sesión consecutiva en la que el fiscal le interroga sobre los supuestos sobornos que dieron lugar a la trama de corrupción de Marbella, Roca también confesó que recibió otros cinco millones de euros del promotor granadino José Ávila Rojas, pero, de nuevo, buscó una fórmula para darle sustento legal a unas entregas de dinero de las que sólo existe constancia en la contabilidad que llevaba en Maras Asesores y que hasta el lunes de la semana pasada no reconocía como tal. Roca indicó que tenía negocios a medias en Marbella con Ávila Rojas, en los que él aportaba el suelo y el empresario granadino la construcción. Esos intereses, según dijo, eran particulares y nada tenían que ver con los convenios urbanísticos que al mismo tiempo negociaba, en su calidad de asesor de urbanismo, con este mismo promotor.

El cuarto empresario al que ayer aludió Juan Antonio Roca fue al dueño del centro comercial La Cañada: Tomás Olivo. Por el momento es el único al que no ha involucrado en pagos legales o ilegales.

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