La renta mínima de inserción de la Junta cuenta desde ayer con el aval del Parlamento, que aprobó el decreto ley que permite su funcionamiento desde el pasado 1 de enero como el método utilizado por el Gobierno regional para luchar contra la pobreza y la exclusión social. PSOE y Ciudadanos hicieron valer su mayoría en la reunión de la Diputación Permanente de la Cámara, de forma que la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales podrá seguir gestionando las solicitudes de las familias susceptibles de recibir esta prestación, que va desde los 420 a los 780 euros.

Con los 198 millones de euros consignados en los Presupuestos autonómicos, la Junta podrá atender a 42.500 familias en el primer años de funcionamiento de este derecho. Sin embargo, a PP, Podemos e IU esta cantidad les parece insuficiente, por lo que ayer se abstuvieron en la votación. Los tres partidos también solicitaron al Gobierno regional que convierta el decreto en un proyecto de ley para que la oposición pueda hacer aportaciones al texto. La diputada del PP Ana Vanessa García recordó a la consejera del ramo, María José Sánchez Rubio, que la propuesta llega una década después su inclusión en la reforma del Estatuto de Andalucía, mientras que Antonio Maíllo y Carmen Lizárraga, de IU y Podemos, se centraron en señalar la escasez del presupuesto para la renta mínima en 2018 y propusieron triplicarlo.

Las organizaciones promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular de Renta Mínima que han estado negociando con la Junta el decreto, pidieron ayer el apoyo a todos los grupos a este sistema, y esperan que el apoyo se mantenga en presupuestos presentes y futuros, aunque también incidieron en que la cuantía para este ejercicio es insuficiente.