El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Augusto Méndez de Lugo, tildó de "disparate" que los jueces y magistrados tengan derecho a la huelga, una cuestión que "le chirría" y a la que se refirió tras la convocatoria de algunas juntas de jueces para principios del próximo año.

Durante la inauguración, en la Real Chancillería de Granada, de la exposición La Justicia es cosa de todos, con motivo de unas jornadas de puertas abiertas, Méndez de Lugo recordó que los jueces y magistrados son un poder del Estado y que, como tal, no tienen derecho a huelga. "Yo desde luego no lo ejerceré jamás", espetó.

Mantuvo, además, que la Constitución "ni permite ni consiente" que jueces y magistrados puedan pertenecer a sindicatos ni a partidos políticos, aunque se les permite que se asocien. "Son las asociaciones profesionales las que pueden ser plataforma reivindicativa en cuanto a sus derechos y en cuanto a sus obligaciones. Lo demás está fuera de juego", consideró el presidente del Alto Tribunal andaluz.

Si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegara finalmente a la conclusión contraria, que sí tienen derecho a la huelga, "habría que fijar unos servicios mínimos que hoy en día no sé de dónde los sacarán" y en consecuencia no habrá sanciones. Si decidiera que no, "los que ejerciten ese derecho, que ya no sería tal, estarían violando o conculcando un mandato del órgano supremo del gobierno de los jueces", afirmó.

El presidente del TSJA volvió a defender que el actual modelo judicial "ya no nos sirve", por lo que, en su opinión, habrá que tomar medidas legislativas para modificar un sistema "que nos sirvió durante el siglo XIX y el XX, pero que desde luego no nos sirve ya para el XXI". "Yo creo que los jueces tienen una alta dosis de sensatez y, por tanto, ellos son conscientes de que esto no es una cuestión que se pueda arreglar en unos meses. La Justicia necesita un reforma que debe ser hecha desde la serenidad, poniéndose a pensar qué Justicia queremos, dónde, cómo y cuándo esa litigiosidad se va a resolver y hacer una planeamiento generalizado", dijo.

Méndez de Lugo consideró que este cambio "necesario y profundo" llevará como mínimo dos legislaturas: "Se dice que en España hacen falta 1.500 ó 1.800 jueces. Es probable que con los módulos actuales de litigiosidad tan brutal esto sea necesario, pero si se reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el poder legislativo decide que sean los fiscales los que tengan que instruir, nos estarán sobrando jueces de instrucción".