Andalucía

Maeztu exige a la Junta el pago de los retrasos en la renta mínima

  • El Defensor del Pueblo Andaluz urge a la Consejeria de Políticas Sociales para que remodele la prestación autonómica y la haga compatible con el Ingreso Mínimo Vital

Jesús Maeztu, en la comisión de Nombramientos del Parlamento.

Jesús Maeztu, en la comisión de Nombramientos del Parlamento.

La renta mínima de inserción social de Andalucía fue una de las medidas estrella de la última etapa del Gobierno de Susana Díaz. Entró en vigor el 1 de enero de 2018, con el presupuesto autonómico de aquel año, con un presupuesto inicial de 198 millones de euros. Venía a solucionar el problema generado por una prestación preexistente, el salario social, que no cumplió con sus objetivos.

La voluntad era buena, pero se topó con un exceso de burocracia y con la falta de formación específica para los trabajadores encargados de gestionarla. Por ese motivo todavía hay peticiones de 2018 sin resolver y la pandemia no ha hecho más que dificultar la situación. Por ese motivo, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, reclama a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que proceda a resolver y pagar las ayudas bloqueadas, sobre todo aquellas que comenzaron a tramitarse en 2018 y 2019.

En una resolución fechada el pasado 22 de junio, el organismo que dirige Maeztu admite que los problemas en la gestión de la renta mínima se hicieron notar “en los primeros seis meses de su andadura”. La situación es todavía más preocupante si se tiene en cuenta que, según la norma por la cual se creó la ayuda, debe resolverse en un plazo máximo de dos meses y “cinco días” si el caso es de urgencia. “La demora media prácticamente iguala el año”, apunta la Defensoría en su resolución, a pesar de que el nuevo Gobierno incorporó a personal interino para agilizar la resolución de las solicitudes pendientes.

A este bloqueo previo hay que sumar el provocado por la pandemia de coronavirus, que incidió negativamente tanto en la labor de los trabajadores públicos –que se vieron forzados a trabajar desde casa por el confinamiento–, como en el aumento del número de ciudadanos susceptibles de solicitar la renta mínima de inserción en un contexto de crisis económica. “Hay un mayor número de personas precisadas de instrumentos de protección social”, señala Maeztu en la resolución, que también se refiere al conflicto generado entre la prestación autonómica y el recién aprobado Ingreso Mínimo Vital.

Al poco tiempo de ponerse en marcha la prestación estatal se generó un conflicto, puesto que la renta mínima es una ayuda “subsidiaria”, es decir, sólo puede reclamarse cuando se han agotado todas las vías previas. El IMV es una de estas vías previas, pero tiene lagunas. Los menores de 23 años, por ejemplo, no son potenciales beneficiarios de esta ayuda, que podría llegar a 700.000 personas en Andalucía según los cálculos del propio Gobierno central.

Por ese motivo, el Defensor del Pueblo Andaluz pide a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que haga posible el “encaje” entre la ayuda estatal y la autonómica. En su reclamación al departamento que dirige Rocío Ruiz, Maeztu también solicita un esfuerzo en materia de comunicación para que “la población en general y los peticionarios de la renta mínima en particular” sepan si deben acudir a la prestación autonómica directamente o si antes deben pedir el Ingreso Mínimo Vital.

La Administración ya recordó que la ayuda puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez puede ser compatible con la prestación de la Junta, pero no al contrario. Inicialmente, la Junta instó a los responsables de los servicios sociales a conducir a los ciudadanos hacia el IMV antes de pedir la renta mínima de inserción como última opción. En este sentido, la resolución de Maeztu reclama a la Junta que “reconfigure el derecho subjetivo” creado en el decreto que puso en marcha la prestación andaluza para atender las carencias que deje la ayuda estatal.

Esta misma semana, en comparecencia parlamentaria en comisión, Rocío Ruiz recordó que “se está trabajando” para modificar la norma que regula la renta mínima de inserción para “hacerla compatible” con el IMV. El principal objetivo es reconducir la ayuda andaluza a aquellas familias con menores a su cargo y que estén en riesgo de pobreza o exclusión social. Para ello, Ruiz se ha reunido ya con entidades como Save the Children o Unicef.

Desde la oficina que dirige Maeztu recuerdan que hay regiones, como Castilla yLeón o la Comunidad Valenciana, que ya han finalizado la reforma de sus rentas autonómicas. Por su parte, la consejera andaluza del ramo garantizó que, mientras dure el proceso de remodelación, “se va a seguir dando trámite a todas las solicitudes de renta mínima pendientes de resolver, así como a las que se hayan solicitado desde la entrada en vigor del Ingreso Mínimo Vital, que serán valoradas y resueltas en función de lo que dicten ambas normas”.

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