Andalucía

Maeztu aboga por regularizar a inmigrantes si falta mano de obra

  • El Defensor del Pueblo Andaluz elaborará un informe especial por las consecuencias del coronavirus

Marta Bosquet y Jesús Maeztu se saludan en el Parlamento. Marta Bosquet y Jesús Maeztu se saludan en el Parlamento.

Marta Bosquet y Jesús Maeztu se saludan en el Parlamento. / Raúl Caro / efe

Para Jesús Maeztu, los inmigrantes “están pagando una factura” que no les corresponde en la crisis derivada por la pandemia de coronavirus. El Defensor del Pueblo Andaluz, en la presentación de su informe anual en el Parlamento, ha abogado por la regularización de los inmigrantes que entraron en la comunidad por vías no legales, como se ha hecho, por ejemplo, en Italia, o como ha propuesto en alguna ocasión Unidas Podemos.

“Si hay un capital humano irregularizado, regúlenlo”, ha urgido el ex sacerdote, quien recordó que su homólogo estatal, Francisco Fernández Marugán, se ha pronunciado en el mismo sentido y ha pedido un cambio de la ley de Extranjería. Maeztu ha hablado de un “derecho transitorio de espera” y apostó porque el permiso de residencia vaya aparejado a uno de trabajo para que estos migrantes irregulares puedan tener un empleo y, por lo tanto, recursos.

Maeztu ha incluido a los inmigrantes entre “los vulnerables”, los colectivos golpeados por la pandemia y incidió en la situación que se ha vivido en los asentamientos de las zonas agrícolas, sobre todo en Huelva y Almería. Entre las acciones impulsadas por la oficina del Defensor del Pueblo durante el confinamiento destaca el envío de traductores para facilitar la comunicación con los inmigrantes e informarlos sobre la situación y la propuesta de que fueran las organizaciones sociales quienes acudieran a los asentamientos en lugar de los militares de la UME. “Pensaban que los iban a detener”, ha revelado Maeztu.

Las consecuencias de la pandemia han centrado la mayor parte de su comparecencia a pesar de que el informe que presentaba –y que antes entregó a Marta Bosquet, presidenta de la Cámara– se circunscribe a 2019. No obstante, el responsable de la oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha reconocido que gran parte del trabajo del organismo en los últimos meses se ha centrado en atender a las dudas y reclamaciones de los ciudadanos sobre asuntos relacionados con la pandemia.

Casi la mitad de las quejas recibidas por la entidad entre el 15 de marzo y el 30 de junio han estado relacionadas con el coronavirus y casi en su totalidad procedían de los colectivos “vulnerables”, entre los que Maeztu incluye a los inmigrantes. También entran en esta categoría los trabajadores pobres, es decir, a los que sus ingresos no les permiten llegar a fin de mes; los niños en situación de pobreza infantil, los mayores de 65 años, las mujeres solas con hijos y las personas que necesitan una vivienda.

Para atender esta situación la oficina que dirige Maeztu elaborará en las próximas semanas un informe especial sobre la pandemia. Entre los asuntos que abordará destacan los perjuicios provocados por los problemas burocráticos asociados a ayudas como la renta mínima de inserción, las prestaciones al alquiler de vivienda o, incluso, el Ingreso Mínimo Vital. “Nos preguntaban por los retrasos en los ERTE”, ha abundado el Defensor del Pueblo Andaluz, que durante la pandemia habilitó un equipo especializado en atender las dudas y peticiones de los ciudadanos.

El “fracaso” de la gestión de las residencias

“El coronavirus ha evidenciado la miseria en la atención a las personas mayores y ahí entran las residencias”, se ha quejado Jesús Maeztu en el Parlamento. El Defensor del Pueblo Andaluz considera que la situación en los centros de mayores, donde se han registrado altas cotas de letalidad con motivo de la pandemia, es un “fracaso como sociedad”.

El ex sacerdote gaditano ha sido muy crítico con la atención a las personas mayores. “Sólo el hecho de pensar que algunos no tuvieron derecho a entrar en la UCI me estremece”, ha lamentado Maeztu, que recordó que los mayores de 65 años fueron quienes hicieron posible la supervivencia económica de muchas familias durante la anterior crisis económica y son uno de los colectivos más vulnerables en ésta.

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