Roberto Macías, el ex trabajador de UGT que denunció presuntas prácticas corruptas en el sindicato, reconoció hoy en el juicio que entregó a la prensa cinco de los trece documentos por los que es acusado de revelación de secretos. En el juicio que celebró el juzgado penal 15, la Fiscalía mantuvo su petición de tres años de cárcel, UGT pidió cuatro años y la defensa del sindicalista solicitó su absolución y que se le aplique la directiva europea destinada a proteger a los whistleblowers o alertadores de corrupción y su reciente validación por parte del Tribunal Supremo.

Macías acudió al juicio apoyado por unas decenas de seguidores y con una camiseta a favor de Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Explicó a la juez que la Policía encontró los documentos internos de UGT en el ordenador de su domicilio porque se llevaba trabajo a casa, al igual que hacían todos sus compañeros con autorización de sus jefes.

Macías está acusado de filtrar a la prensa trece facturas del Departamento de Compras de UGT sobre viajes de los dirigentes sindicales, gastos con la VISA Oro, fondos en los bancos o el Libro Mayor del sindicato. De ellos, solo reconoció cinco y dijo que se los facilitó a la prensa porque “quería protegerme de las represalias de una organización criminal”. “Quise hacer una revelación pública porque lo que yo había visto era despreciable”, dijo sobre su denuncia de los llamados “bote” y “rappel” que UGT utilizaba presuntamente para desviar parte de sus ingresos.

Preguntado por el fiscal por qué no acudió a la Policía o al juzgado, respondió que “ningún trabajador en su sano juicio se atreve a enfrentarse a una organización mafiosa”.

En el juicio compareció como testigo la actual secretaria general de UGT en Andalucía, Carmen Castilla. Declaró que llegó al cargo en enero 2014 y que desconoce los detalles del ERE de 2012 pero sí aseguró -en contra de lo afirmado por Macías- que en UGT todas las claves de los ordenadores son personales, que no se autoriza que se intercambien ni que los trabajadores se lleven trabajo a casa.

Federico Fresneda, ex tesorero de UGT durante 15 años, se acogió a su derecho a no declarar en este juicio al estar investigado en la causa por las facturas falsas del sindicato que instruye otro juzgado, y donde la Fiscalía ha pedido para él siete años de cárcel. Sin embargo, sí que aseguró que “absolutamente ningún trabajador” del sindicato estaba autorizado a llevarse trabajo a casa.

También acudió al juzgado el cónsul honorario de México en Sevilla, Eduardo González, dada la nacionalidad mexicana de origen de Macías. El cónsul expresó a los periodistas su confianza en que el acusado sea absuelto.