La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha sacado a licitación la ampliación de las infraestructuras de ciberseguridad para la red judicial de Andalucía por un importe de 1,4 millones de euros, como parte del proceso de evolución y modernización de la Administración de Justicia. El objetivo es mejorar las capacidades de prevención, detección y respuesta ante posibles incidentes y ciberamenazas, así como asegurar las comunicaciones entre las diferentes sedes judiciales.

La ciberseguridad es una de las medidas recogidas en el ‘Proyecto 0’ de Justicia 2030 acordado entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas a raíz de la pandemia y que supone un impulso a la digitalización de la Administración de Justicia en nuestro país, gracias a los fondos Next Generation, que permitirán desarrollar las infraestructuras digitales y las nuevas tecnologías en los órganos judiciales.

De esta forma, Andalucía pondrá en marcha diversos proyectos para lograr este impulso, siendo uno de ellos el de la mejora y ampliación de la ciberseguridad para poder garantizar un desarrollo tecnológico seguro y protegido. “La Consejería que dirige Juan Marín se encuentra inmersa en un proceso de evolución y modernización de la Administración de Justicia, con los objetivos fundamentales de conseguir un acercamiento mayor a los ciudadanos, una progresiva adaptación de la Justicia a las necesidades que demanda el desarrollo social y económico, así como la puesta a disposición de los órganos judiciales de sistemas de información que cumplan con las exigencias normativas y de seguridad”, ha explicado el director general de Infraestructuras Judiciales y Modernización Digital, Miguel Ángel Reyes.

“En los últimos años se ha incrementado el número, tipología y gravedad de los ataques contra los sistemas de información de las administraciones públicas, empresas y sectores estratégicos e incluso a los ciudadanos. Por ello, necesitamos ampliar, actualizar y disponer de nuevos sistemas de seguridad para garantizar en todo momento la protección de la información que maneja la Administración de Justicia”, ha añadido. 

Para ello, el contrato se compone de dos lotes: uno para la adquisición de una infraestructura integral así como su despliegue y puesta en marcha, y un segundo para la adquisición de licencias. En total, el precio máximo de la licitación es de 1.428.561,77 euros, con el IVA incluido. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de marzo.