Andalucía

La Junta calma a los propietarios de viviendas irregulares frente al conflicto del Gobierno central

  • El Minsterio de Administración Terrirorial planteó un conflicto de competencias en noviembre pero aún no 

La consejera de Fomento, con afectados de viviendas irregulares, este miércoles en Sevilla. La consejera de Fomento, con afectados de viviendas irregulares, este miércoles en Sevilla.

La consejera de Fomento, con afectados de viviendas irregulares, este miércoles en Sevilla. / José Ángel García

El decreto de regularización de viviendas ilegales de Andalucía sigue en activo. Los propietarios afectados y los ayuntamientos pueden seguir con los trámites para regularizar las casas, a pesar del impedimento inicial que ha planteado el Gobierno central. Este ha sido el mensaje que ha trasladado este miércoles la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, a las organizaciones de estos propietarios, así como a secretarios municipales y algunos alcaldes, como el de Carmona. La Junta aprobó un decreto de regularización en septiembre de 2019, pero el Gobierno central presentó al mes un conflicto de competencias al entender que hay artículos que invaden sus competencias en materia de Costas.

"Rodeada de los afectados, lo único que queremos es que se celebre una reunión con urgencia, porque esto no es un problema político, sino técnico y jurídico", ha indicado la consejera, que ha resaltado que hay miles de familias esperando una solución desde hace años. En sólo seis meses, el nuevo decreto ha aportado una vía de salida. 

La consejera con representantes de los afectados. La consejera con representantes de los afectados.

La consejera con representantes de los afectados. / José Ángel García

Carazo se ha reunido este miércoles con las asociaciones con más afectados, caso de SOHA de Málaga, las de Vejer, Carmona y Chiclana y la Asociación Abusos Urbanísticos Andalucía No (Aunan). La cauística de cada uno de ellos es diferente, puesto que hay quien construyó en suelos a sabiendas que era una acción ilegal, mientras otros -muchos de ellos extranjeros- compraron a terceros sin saber la situación de irregularidad. En cualquier caso, tanto el Gobierno de Juanma Moreno como el anterior llegaron a la conclusión de que es necesario regularizar viviendas que llevan décadas en pie y cuyos residentes se encuentran en una situación de riesgo de salubridad, puesto que no tienen acceso a agua ni a la red de depuración.

Más de 300.000 viviendas ilegales

El cálculo es que en Andalucía hay más de 300.000 viviendas irregulares. Hay casi un millón de personas involucradas. No todas podrán regularizarse; desde luego no aquellas que invaden dominios públicos ni se encuentran en espacios protegidos. Gerardo Vázquez, de Auan, ha recordado como la mayor parte de estos afectados son "gente normal, gente humilde, que en ocasiones, como 16.000 familias en Chiclana, carecen de agua corriente".

Carazo ha explicado cuál es la situación. En noviembre de 2019, el ministro Luis Planas, como titular suplente de Administraciones Públicas, planteó un conflicto de competencias al entender que varios puntos del decreto invadían sus competencias en materia de Costas. Estos conflictos se suelen resolver en una comisión bilateral, pero si no hay acuerdo, el Gobierno pueden presentar un recurso de constitucionalidad. En el momento en que el Gobierno central plantea esta acción, el Constitucional suspende el decreto si lo solicita el Ejecutivo.

La consejera de Fomento ha explicado a los afectados que sigan adelante con el proceso de regularización a través de sus ayuntamientos, porque el conflicto sólo se debe a algunos puntos. De hecho, no todos los municipios con problemas son costeros, sí lo son Chiclana y Vejer, donde se asientan las construcciones del Palmar. Carazo ha solicitado en varias ocasiones la reunión con el Gobierno, pero no se ha producido porque el Ejecutivo estaba en funciones.

La consejera les ha recordado el compromiso del Gobierno andaluz, que "desde el primer minuto ha buscado fórmulas que pusiesen freno a una situación insostenible para miles de familias andaluzas que se encontraban en un limbo jurídico". La solución, “que no es una amnistía pero sí da respuesta a muchas de las demandas de los afectados”, llegó, tal como explicó la consejera,  a través de este decreto ley que fue convalidado en el Parlamento con el voto a favor de la mayoría de los grupos políticos. Todos a excepción de Adelante Andalucía. 

Acceso a las Afo

El primer pilar del decreto fue la ampliación de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO). Esta figura no supone una legalización sino el reconocimiento de una situación de irregularidad ante la que, al prescribir la infracción, no cabe adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad. La declaración AFO permite que los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento.

Aceptada la posibilidad de la declaración de AFO para viviendas aisladas en general, la Junta se había negado hasta la fecha a admitir dicha declaración para las edificaciones aisladas en suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable y también en las edificaciones situadas dentro de asentamientos (grupos de edificaciones). Ahora estas viviendas se podrán acoger al decreto ley.

El nuevo decreto ley permite el acceso al AFO a cualquier edificación irregular, aunque con algunas excepciones, como las viviendas que están aún en plazo para restablecer la legalidad (seis años desde su construcción) o con sentencia. Tampoco podrán acogerse al decreto ley las viviendas que se asienten sobre suelos de especial protección.

En segundo lugar, con este decreto ley todo municipio podrá formular, de manera inmediata, un plan especial para una agrupación de viviendas concreta que tenga o no aprobado su PGOU. Antes había que esperar nueve años de media para aprobar un PGOU, más los 20 meses que requería un plan especial. A partir de la entrada en vigor del decreto, el problema se puede resolver en un plazo de entre 12 y 18 meses, en colaboración con los ayuntamientos.

Por último, el tercer pilar en el que se sustenta este decreto ley está en la incorporación de las agrupaciones de viviendas irregulares de carácter urbano a los planes generales. Los ayuntamientos deben prever en sus PGOU una serie de servicios mínimos, como equipamientos públicos o zonas verdes, si pretenden incorporar un asentamiento como urbano o urbanizable.

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