La mayor cantidad de la historia autonómica para elaborar unos presupuestos después de ver crecer los ingresos estatales en 1.800 millones de euros respecto a 2021. Ese es el margen de maniobra con el que contará el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, para elaborar las cuentas de la Junta para 2022, si bien, hay parte de ese dinero que depende de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022. Bravo, además, no tendrá que consignar fondos para devolver el dinero extraordinario que el Estado transfirió a las comunidades en 2020 y así sortear los envites económicos de la pandemia.

Con estos mimbres el titular andaluz de Hacienda podrá diseñar unos presupuestos expansivos para el segundo año de recuperación post covid gracias, sobre todo, a que las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica serán las mayores hasta el momento. En total, serán 20.943 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Hacienda y Función Pública este miércoles después de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Son 1.307 millones de euros más, un 6,7%, que el dinero recibido en 2021 por el mismo concepto, que se calcula a partir de las previsiones de crecimiento del PIB y, por lo tanto, de la recaudación fiscal.

A esa cantidad, llegando así a los 1.800 millones, hay que sumar alrededor de 500 millones del desfase del IVA de 2017 y que el Gobierno deberá pagar a las comunidades después de que Galicia y Castilla y León le ganasen en los tribunales la partida. Andalucía también reclamó este dinero, que procede de un cambio en la contabilidad impulsado por Cristóbal Montoro y que su sucesora quiso devolver a las comunidades en las cuentas de 2019, que no llegaron a aprobarse.

Ante este fracaso, Montero sostuvo que era imposible su pago e incluso articuló una forma de compensarlo con préstamos del FLA sin intereses y una relajación del objetivo de déficit. Aunque hubo comunidades que se adhirieron a esta fórmula, ahora el Estado devolverá ese dinero, que supondrá un desembolso de 3.000 millones de euros a nivel estatal mediante una partida incluida en el proyecto de Presupuestos Generales el Estado para 2022. La Consejería de Hacienda lamentó en su comunicado que este dinero, que calculan en 574 millones, se considere una inyección extraordinaria.

El condicionante de aparejar este dinero a la aprobación de los PGE no es baladí y también se extiende a otra medida adoptada por Hacienda para que las comunidades puedan eludir el impacto económico del Covid-19. Las comunidades no tendrán que devolver el dinero extra que el Estado mantuvo en 2020 pese a la caída del PIB y que las regiones debían devolver en 2022. Este fenómeno, provocado por el funcionamiento del sistema de financiación, ya ocurrió en la crisis de 2008 y Andalucía y el resto de territorios todavía siguen devolviendo ese adelanto. Eso no ocurrirá ahora, lo que supondrá el ahorro de 1.141 millones en la partida de gastos que el titular de Hacienda podrá distribuir entre las distintas consejerías.

Juan Bravo, junto a sus colaboradores, durante la reunión telemática con Hacienda

Bravo se queja por la "reducción drástica" de financiación

María Jesús Montero también ha informado de la tasa de referencia de déficit que les corresponde a las comunidades autónomas, toda vez que las reglas fiscales fueron suspendidas en 2021 y 2022 en el contexto de la pandemia. Para el año próximo, Hacienda propone a las comunidades un saldo negativo máximo del 0,6% de su PIB. En el ejercicio vigente, el desequilibrio recomendado llega al 2,2% del PIB, aunque el Estado asume la mitad con la transferencia de un fondo Covid de 13.486 millones a las comunidades. Por este motivo, la Consejería de Hacienda ha denunciado que esta reducción, sumada a la desaparición de ese paquete extraordinario por la Pandemia supone una "drástica reducción" del dinero que llega a Andalucía, lo que podría tener consecuencias en la "prestación de servicios esenciales".

El Consejo de Política Fiscal y Financiera también ha servido para aprobar el reparto definitivo del citado fondo Covid, que supondrá la llegada de 2.357 millones a Andalucía después de que el criterio utilizado para su distribución sea el de población ajustada. Este dinero llegará en dos pagos, el 70% en septiembre y el 30% en noviembre y se ha repartido en función del número de habitantes con matices como la cantidad de población envejecida. Andalucía apostó por esta fórmula y no por utilizar el criterio del PIB, como querían Madrid, Baleares o Cataluña, pero también llevaba una propuesta conjunta con Murcia y Valencia para que parte de estos 13.486 millones sirvieran para paliar la infrafinanciación que sufren estos tres territorios. Según explicó Montero, el resto de regiones no estaban por la labor de restarse parte de los fondos para compensar a las peor financiadas por lo que finalmente se utilizó el criterio de población ajustada.