La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social, Micaela Navarro, selló ayer con la patronal andaluza y los sindicatos CCOO y UGT las bases para el desarrollo del Sistema de atención a la Dependencia en Andalucía. Los agentes sociales y la Junta coinciden en que la mejor fórmula para aplicar la Ley de Dependencia es la de los centros concertados, siempre bajo la supervisión e inspección de la Agencia para la Atención a la Dependencia.

La consejera Navarro -que consideró "públicas" todas las prestaciones financiadas con el dinero de la Administración, ya sea su gestión privada o no- resaltó que con el acuerdo firmado ayer "se garantiza la calidad de los servicios". La responsable de Bienestar Social justificó el retraso en la aprobación de una ley andaluza de dependencia hasta la próxima legislatura ya que, a su juicio, "lo mejor es comprobar el desarrollo de la ley estatal".

Hasta el pasado 14 de diciembre los técnicos habían valorado el grado de dependencia en el 60 por ciento de las 78.000 solicitudes presentadas. De los casos analizados, 26.700 ya se han derivado a los Servicios Sociales Comunitarios para que se elabore su Plan Individual de Atención. Actualmente, el Sistema de Dependencia atiende a unos 11.000 andaluces. A la mayoría de ellos, unos diez mil, se les ha otorgado plaza en una residencia, aunque para Navarro, "lo ideal es que estas personas permanezcan en su hogar el máximo tiempo posible".

El 1 de enero pueden comenzar a recibir las prestaciones el grupo de dependientes severos considerados de Grado II, nivel 2. El sistema tendrá un presupuesto en Andalucía de 278 millones.