A Sandra García (Alhama de Granada, 1972) la nombraron delegada del Gobierno en Andalucía el 11 de febrero. Un mes después se convirtió en la correa de transmisión entre el Gobierno central y el resto de administraciones en un estado de alarma inédito. Mientras duró la excepción constitucional, encabezó el Centro de Coordinación (Cecor), donde estaban presente la Junta, los alcaldes de Sevilla y Málaga, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas. “Ahí nos dimos cuenta de lo necesario que era el apoyo entre las instituciones. Eran situaciones que nadie podía imaginarse. Estaba todo parado. La población se ha portado muy bien y es un detalle que tenemos que destacar”.

–Destaca que la colaboración ha sido correcta, pero desde fuera se ha visto crispación.

–Había dos dimensiones. Una de coordinación, trabajo conjunto y lealtad institucional. Y otra, más política, que es la posición que mantenía la Junta después de las reuniones entre el presidente Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos. La Junta dejaba caer que siempre iba por delante, que el Gobierno de España no atendía correctamente a Andalucía. La actitud de la Junta en esa dimensión política era de confrontación. El Gobierno y yo, como su representante, teníamos una consigna de confrontación cero. Estábamos para gestionar un estado de alarma y una crisis sanitaria. La ciudadanía tenía que ver al Estado trabajando y coordinando el estado de alarma y solucionando los problemas.

–¿Se han producido problemas por esta confrontación?

–Todo lo contrario. Hemos intentado que todos los problemas se quedaran dentro. La confrontación provoca que los problemas se apalanquen. Si hacía falta ir a desinfectar una residencia nosotros no entrábamos a valorar si era competencia de la Junta o no. Éramos todos un equipo. Los problemas los hemos intentado solucionar a golpe de teléfono y de videoconferencia. Cuando la Junta asumió el mando único no tenía todavía contratados a los auxiliares de playa y nos pidió colaboración. Ya habían anunciado que se podía permitir la movilidad entre provincias. Ante la posible avalancha, convocamos una reunión urgente y les dimos todo el apoyo para intentar controlar la afluencia de gente que iba a ir a las playas. Nos salvó el mal tiempo.

–Ahora que es la Junta que tiene que tomar las decisiones, ¿qué papel toman en la Delegación?

–El de apoyar a la Junta en lo que necesite dentro de nuestras competencias. Tanto Guardia Civil como Policía Nacional intervienen en situaciones de seguridad ciudadana. Con la obligatoriedad de las mascarillas aprobado por el Gobierno andaluz, las sanciones les corresponden a ellos y el control y la vigilancia a las policías locales. La Policía Nacional y la Guardia Civil intervienen si la situación es complicada.

–¿Les han hecho alguna otra petición como la de los vigilantes?

–Con el confinamiento que se decretó en el centro de acogida de Cruz Roja en Málaga, donde dieron positivo el equipo de voluntarios y parte de los migrantes que estaban allí en acogimiento.

–¿Qué ocurre cuando es un inmigrante el que da positivo y tiene que guardar cuarentena?

–El decreto de un confinamiento tiene que venir avalado por una orden judicial. La estancia en el CATE [Centro de Atención Temporal de Extranjeros] sólo dura 72 horas porque están privados de libertas. Y la ley es taxativa. Una vez que pasa ese plazo, tienen que entrar en la red de acogimiento del Ministerio de Migraciones con las ONG. Había dos positivos. A Almería llegó una patera con dos positivos y la delegación de Salud en Almería estableció que tenían que pasar el confinamiento en el CATE. No estábamos de acuerdo. No son migrantes, son personas que han dado positivo en Covid-19. La Junta era la primera interesada en tener el control de la situación. Les pedimos que asumieran ellos el alojamiento y finalmente las hospitalizaron. El resto de ocupantes de la patera tenían que guardar también cuarentena y la pasaron en la red de acogida de la Secretaría de Estado de Migraciones. Entendemos que es la comunidad quien tiene que hacerse cargo de esos positivos. Hemos tenido nuestras diferencias y no hemos terminado de perfilar el protocolo, pero que espero que lo tengamos en breve.

–¿Son un problema de salud los inmigrantes que llegan en patera?

–Es un error centrar el foco en los migrantes. No está generando ningún problema de salud pública. Han llegado más de 3.000 en lo que llevamos de 2020 y el número de positivos no es relevante. Hay que tratarlos como cualquier persona más que pueda llegar por vía marítima o aérea.

–La Junta ha sido muy beligerante con el reparto de fondos por parte del Gobierno para el Covid-19.

–Sorprende. Forma parte de la vieja política de confrontar. Desde el Gobierno se ha intentado apoyar y ayudar. Estamos hablando de 2.100 millones de euros en cuatro tramos para Andalucía. El primer tramo son casi 600 millones de euros. Se ha tenido en cuenta la población tras la reivindicación de las comunidades, pero también los hospitalizados, los ingresados en la UCI y las PCR. Son datos objetivos. La Junta va a tener fondos para reforzar sus presupuestos, para prestar un mejor servicio desde la sanidad pública.

–Se comparan con Madrid o Cataluña, que reciben más dinero.

–Porque los datos allí son otros.

–Pero también acusan al Gobierno de cambiar de criterio y abandonar el criterio de población, que es el que ha defendido el PSOE históricamente.

–No podemos confundir un fondo extraordinario para gestionar una crisis sanitaria con un modelo de financiación autonómica. En el modelo de financiación autonómica se tiene que tener en cuenta el criterio de la población, pero no hablamos de eso. La Junta está desviando y confundiendo para castigar al Gobierno y a Pedro Sánchez, que está haciendo una magnífica gestión de la crisis sanitaria, tanto en el estado de alarma como ahora.El compromiso se demuestra con acciones concretas, como este fondo incondicionado. Hay fondos para educación en los 16.000 millones porque se propuso en las videoconferencias de presidentes autonómicos. La ciudadanía no entiende el confrontar por confrontar. Y confundir es peligroso. No podemos hacer que algo positivo para Andalucía venga con el sello del castigo a Andalucía.

–Ha habido críticas al acuerdo para permitir a las entidades locales gastar el superávit acumulado en los últimos años.

–El Ministerio de Hacienda ha dedicado mucho esfuerzo. Es completamente falso que el Gobierno se quede con el dinero de los ayuntamientos. Habilita a los que tienen remanentes de tesorería para que puedan invertir más en cuidados, movilidad, desarrollo sostenible y cultura.

–¿Qué valoración hace del acuerdo de reconstrucción europeo?

–Es un acuerdo histórico para un momento histórico que va a tener un beneficio 10 veces mayor de lo que supusieron los fondos de cohesión para nuestro país y sobre todo para Andalucía y que servirá para financiar la modernización de nuestras economías, para que esa recuperación sea verde, digital, moderna y social, que no deje a nadie atrás. Pero hay algo muy importante para la agricultura, ganadería y pesca para Andalucía, porque el resultado ha sido muy positivo en lo que respecta a la PAC. No hay duda al respecto. El Gobierno está muy satisfecho por el resultado alcanzado.

–¿Teme volver al mando único?

–No lo temo, pero espero que no se tuviera que volver a la situación del estado de alarma. Eso significa que habría mas rebrotes y tendríamos que volver a limitar la movilidad de la población. Sería muy perjudicial para la economía, así que para no llegar a ese escenario tenemos que pedir mucha responsabilidad. Mi temor no es asumir la gestión, sino dar marcha atrás en todo lo que hemos conseguido.

–Uno de los principales empeños del Gobierno es la lucha contra el narco en el Campo de Gibraltar. ¿Se está atajando?

–Había que restaurar la autoridad. Es un elemento fundamental. El plan empezó en agosto de 2018 y el balance se hizo en junio. Es positivo en detenciones, en alijos, en ampliación de la plantilla. Hubo un refuerzo de la plantilla de los cuerpos y fuerzas de seguridad y se creó una unidad e investigación muy importante en blanqueo de dinero. Es importante que podamos tener presupuestos para 2021 y que el plan integral del Campo de Gibraltar de una alternativa de empleo y normalización para tener más paz social en este territorio. El narcotráfico tenía muchos empleos a su alrededor, pero la ciudadanía tiene que ver que hay alternativas dentro de la ley.

–¿En esos presupuestos habrá dinero para proyectos como el Algeciras-Bobadilla o la Se-40?

–El Gobierno va a trabajar muchísimo para recuperar esos grandes proyectos para Andalucía. Son muy necesarios para el desarrollo de la comunidad. Hay que asumirlos, pero depende de que haya presupuestos. Se va a trabajar para poder, al menos, iniciarlos.