Se cambia "traspaso" por "delegación". La Junta quiere mantener las mismas funciones que antes de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el río Guadalquivir, pero en lugar de transferidas, cedidas de forma indefinida por el Estado.

El PSOE andaluz registró ayer una iniciativa legislativa autonómica con la que pretende el apoyo de la Cámara andaluza, primero, y del Congreso de los Diputados, después, en esta exigencia para que Andalucía ostente la "máxima capacidad de gestión" sobre el Guadalquivir. La iniciativa la anunció el lunes en la rueda de prensa con la que dio inicio al curso político el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán.

La proposición de ley copia punto por punto (con alguna variación en el orden) el Real Decreto 1666/2008 por el que la Junta recibió el traspaso de funciones y servicios de la Administración general del Estado sobre los recursos y aprovechamientos hidráulicos de la cuenca. Este decreto materializó lo que había recogido el Estatuto andaluz: la competencia exclusiva de Andalucía sobre el Guadalquivir en el artículo 51.

Pero la situación varió de blanco a negro en marzo. El Tribunal Constitucional anuló este artículo y dejó muy claro que la gestión y control de la cuenca es indivisible y materia del Estado. Apoyándose en esa jurisprudencia, el Tribunal Supremo resolvió en junio en el mismo sentido dos recursos, uno de Castilla-La Mancha y otro del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado.

El camino que ahora inicia la Junta y en el que quiere sumar a los demás partidos pasa por una delegación de competencias en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, una vía legal pero de muy incierta.

De hecho, esta vía ya se exploró cuando el TC anuló las competencias exclusivas de la Junta sobre el río, pero el Ejecutivo central la rechazó por su complejidad.

No obstante, la iniciativa tiene un más que evidente calado político. El portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, confirmó ayer tras la presentación de la iniciativa que la petición que salga del Parlamento andaluz deberá abordarla el Gobierno que salga del 20-N. No hay tiempo para la presente legislatura. Jiménez cifró en unos tres meses el trámite de la reclamación que emane del Parlamento andaluz (que se da por segura por la mayoría socialista, con independencia de lo que voten PP e IU), un recorrido que iniciará con urgencia en un pleno extraordinario que se convocará para el martes 13, como anticipo de la sesión ordinaria. Esta petición llegará por tanto a las Cortes Generales una vez pasadas las elecciones generales. Jiménez aseguró que si gana Alfredo Pérez Rubalcaba, el apoyo a la iniciativa andaluza está garantizado. Pero si es elegido Rajoy...

Entonces la Junta, que hasta marzo no convoca elecciones, dispone de meses para reivindicar un río que es "eminentemente andaluz". La propia proposición de ley recoge que se informará a las demás comunidades implicadas -Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura- una vez se celebre la comisión mixta en la que se acuerden estos traspasos y antes del nuevo real decreto que cedería estas competencias. Nada de negociación previa para evitar nuevos recursos judiciales.

Esta ley orgánica que reclama las funciones sobre el Guadalquivir es compatible con la próxima cesión de competencias que aún negocian el Gobierno y la Junta ante la extenuación de la encomienda de gestión.

La Junta persigue que en la comisión bilateral que se celebrará con el Gobierno en la segunda quincena de septiembre se le deleguen nuevas competencias que se sumen a la policía de aguas (guardarríos) que el Gobierno traspasó el viernes a Andalucía, Cataluña y Aragón.

El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, avanzó el sábado que quieren recuperar la planificación hidrológica, la formulación de propuestas de resolución o la recaudación del canon de vertidos, entre otras. A la espera de que se presente el modelo definitivo por el que se gestionará el Guadalquivir y se conozcan qué cesiones consigue la Junta, Díaz Trillo insistió ayer en Córdoba en que aspira a una gestión integral del río Guadalquivir porque cuenta con el apoyo "casi unánime del pueblo andaluz", lo que a su juicio quedó demostrado cuando hace tres años cuando se transfirieron las competencias.

También se pronunció ayer el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, que manifestó que su partido no descarta apoyar la proposición de ley sobre el Guadalquivir, aunque la calificó como "un brindis al sol", puesto que "no da tiempo a discutirla en las Cortes Generales". "Es una tomadura de pelo sin precedentes presentar una ley a sabiendas de que ésta no tiene tiempo", afirmó.