Juan Marín quiere ampliar las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género sobre las que Vox ha puesto el foco. El vicepresidente y también consejero de Justicia ha anunciado en comisión parlamentaria que pretende que haya dos de estos equipos por cada provincia, frente a los 9 que hay actualmente: uno en cada territorio, excepto en Cádiz, que cuenta con dos. 

En la actualidad son 51 los profesionales que forman parte de estas entidades, que dependen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Andalucía. Son 19 médicos forenses, 17 psicólogos y 15 trabajadores sociales. En el caso de los galenos, son funcionarios de carrera, mientras que el resto de trabajadores son personal laboral.

El objetivo anunciado por el vicepresidente de la Junta es aumentar las plantillas hasta las 81 personas, sumando siete médicos, siete psicólogos, seis trabajadores sociales y siete administrativos, dedicados estos últimos a los trámites necesarios en el trabajo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género. Todo ello pretende sufragarlo Marín con un plan de choque de 700.000 euros procedente de los 3,9 millones que han llegado a Andalucía con motivo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Marín se ha referido también sobre la composición de los Equipos Psicosociales encargados de elaborar los informes periciales en materia de familia. Son 16 en toda Andalucía repartidos entre las ocho provincias. En total, son 31 trabajadores: 15 psicólogos y 16 trabajadores sociales. Con esta información, proporcionada por Marín a petición propia en la Cámara regional, se satisface parte de la exigencia de Vox, que pretendía conocer el nombre de estos trabajadores. De hecho, Francisco Serrano ha agradecido al vicepresidente la información ofrecida antes de insistir en su denuncia.

Sostiene el diputado de Vox que hay trabajadores de estos equipos que no están colegiados en sus correspondientes colegios profesionales. Además, Serrano ha criticado la externalización de las peritaciones judiciales, tarea realizada, en parte por la empresa Taxo Valoración, sobre la cual han solicitado también información. En ese sentido, Marín ha revelado que, con los medios propios de la administración se habrían quedado sin valorar más de 600 expedientes en 2018.

Marín ha adelantado que, mientas que haya que externalizar servicios, se incluirá en los pliegos la obligación de que todos los contratados por estas empresas de peritaje estén inscritos en sus respectivos colegios de Trabajadores Sociales y Psicólogos. Además, Marín ha revelado que su departamento ha solicitado un informe para detectar casos de empleados en estos equipos que no estén colegiados.