Uno de los temas que han generado más dolores de cabeza al equipo de Urbanismo del Ayuntamiento de Córdoba pasó ayer por el consejo rector de la Gerencia sin suscitar debate político. La decisión del PSOE de reservar su voto -técnicamente, abstenerse- y el apoyo decidido de los grupos municipales de Izquierda Unida y PP al plan de legalización hizo que las naves levantadas sin licencia por el empresario Rafael Gómez hayan pasado el trámite del proyecto de actuación, de momento, sin grandes problemas políticos.

El teniente de alcalde de Urbanismo, Andrés Ocaña, reconoció que las posturas de los socios del gobierno municipal son sobradamente conocidas y que un voto en contra del PSOE al proyecto no va a generar más problemas que los precisos dentro del gobierno municipal. "Se puede entender que no estemos en la misma posición", aseveró el responsable de la política urbanística municipal, que dijo que "el hecho de que gobernemos juntos no implica que estemos siempre de acuerdo". Los socios de gobierno están allanando al terreno a una decisión del PSOE de abstenerse o votar en contra del proyecto en el Pleno municipal que tendrá lugar hoy. La portavoz del PSOE en la Gerencia de Urbanismo, la edil Victoria Fernández, aseguró que el grupo de concejales aún no ha recibido el diagnóstico sobre el expediente que le ha requerido a sus servicios técnicos.

Ocaña manifestó que una decisión del PSOE contraria a la legalización no va a tener efectos internos en la estabilidad del gobierno municipal. La versión de IU es que nadie se va a extrañar si los socialistas se desmarcan de la opinión de la coalición de izquierdas ya que, en primer lugar, es conocida su posición crítica en torno a las naves de Colecor y, en segundo lugar, también es constatable el rechazo de la Junta de Andalucía a que Arenal 2000 consiga legalizar sus instalaciones. El teniente de alcalde de Urbanismo defendió que el hecho de que el Gobierno andaluz haya recurrido el plan especial que da cobertura a la legalización de las naves de Colecor "no implica que éste lleve razón". Sostiene el responsable político de la Gerencia de Urbanismo que la decisión de proceder a la legalización de las naves se adopta en el ejercicio de las competencias legales del Ayuntamiento de Córdoba y en aplicación del planeamiento urbanístico de la ciudad.

En términos puramente urbanísticos, el proyecto de actuación tendrá que pasar por el Pleno. Si no es paralizado por ninguna instancia jurisdiccional, Rafael Gómez tendrá que desarrollar las condiciones expresadas para la legalización, como el derribo de 2.000 metros cuadrados o crear una pantalla vegetal. El empresario tiene un año para emprender los trámites para obtener la licencia de obra y de actividad, momento en el que las naves serán completamente legales.