El que fuera secretario general del IFA entre los años 1994 y 2002 Antonio Lara Revilla ha asegurado que "nunca" se planteó en el instituto que los convenios "pudieran ser ilegales", puesto que en realidad eran "encargos de ejecución" por los que el IFA/IDEA se comprometía a materializar el pago de unas ayudas concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta.

El testigo ha afirmado en su declaración ante el tribunal que todos los convenios eran en realidad "encargos de ejecución absolutamente típicos", todos venían con su "consignación presupuestaria" y esa es la directriz que le transmitió el entonces presidente del IFA Salvador Durbán, que dichos convenios tenían que "venir con su consignación presupuestaria y no se iban a sacar fondos propios del IFA" para el pago de las ayudas. Ha distinguido entre los verdaderos convenios, "en los que hay contraprestación entre las partes", del resto, que sólo son encargos de ejecución, ha insistido.De la misma forma se ha pronunciado sobre el convenio marco de 17 de julio de 2001 que, en opinión del testigo, este convenio "como los demás, no era propiamente un convenio sino un encargo de ejecución y una orden de pago" por el que el IFA/IDEA se "comprometía" a firmar lo que decidía el consejero de Empleo y el concepto de "materialización" de las ayudas no era más que "un eufemismo" relacionado con el hecho de que su función se limitaba al pago de las ayudas que otorgaba la Consejería.A su juicio, el convenio marco era "perfectamente prescindible", porque no incluía ningún compromiso económico y no era más que "una declaración o un protocolo de intenciones", por lo que la materialización de las ayudas concretas se podrían haber hecho mediante los convenios particulares sin necesidad de su "enmarcamiento" en ese acuerdo marco.

El testigo también ha señalado que "nunca hubo un descubierto presupuestario" en el IFA, más allá de "tensiones en la tesorería" y ha indicado que las órdenes de pago eran "bastante escuetas". Esos fondos tenían una "finalidad concreta" y los "dueños" eran la Consejería de Empleo, puesto que el IFA "no tenía libertad" para disponer de los mismos.Además ha dicho que cuando accedió al cargo, "los consejeros no estaban de acuerdo en aprobar nada que vivienda en forma de convenio", aunque ha considerado que "no eran operaciones de riesgo o pago de la Consejería", y ha agregado que el pago de esas ayudas producían "irritación y malestar" en el IFA "porque no eran operaciones propias del Instituto". El ex secretario general del IFA ha añadido que "nunca" se hizo un dictamen jurídico de los convenios y ha destacado que el instituto no era un instrumento que estuviera en una relación de paridad con la Consejería, sino que estaba en una relación de "jerarquía", por lo que era "una entidad instrumental", lo que hoy se denomina un "medio propio de la Administración".

El testigo, que también ocupó el cargo de director gerente de 2002 a enero de 2003 –aunque no tenía funciones ejecutivas-, ha explicado que en relación con las ayudas a Hijos de Andrés Molina (Hamsa) y Santana Motor, el IFA se vio "desbordado" y tuvieron que acudir a la contratación de bufetes externos porque en relación con estas empresas que fueron adquiridas por el Instituto entraban muchas ramas del Derecho, como la administrativa, mercantil y el derecho de la Unión Europea.También ha dicho que nunca recibió información de los reparos de la Intervención General de la Junta al pago de las ayudas y ha dicho sobre las transferencias de financiación que tuvo conocimiento de las mismas en la causa judicial, aunque sí ha explicado que eran unas transferencias de carácter "finalista", es decir, que venían "con una etiqueta" concreta para ser utilizadas para un fin determinado y no se podían usar para otros distintos.Por último, ha señalado que "no había duda" de que el IFA podía dar subvenciones, algo que incluso reconoció una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2001, dado que tenía "esa potestad administrativa", ha aseverado.