La Fiscalía Anticorrupción, la Junta de Andalucía y las acusaciones populares del PP y los sindicatos UGT y CSIF exigieron ayer a la juez Mercedes Alaya que imponga una fianza por un importe total de 3.295.000 euros a los 14 primeros imputados que ya han declarado ante la instructora por las irregularidades en el cobro de las pólizas vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de empresas en crisis.

En el transcurso de una vista celebrada ayer en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egoecheaga solicitó la imposición de "fianzas o embargos" a estos primeros imputados, en su mayoría falsos prejubilados o intrusos, por un importe de 2.850.000 euros. La representación legal de la Junta, por su parte, elevó las cuantías de tres imputados y pidió fianzas por un valor global de 3.295.000 euros, postura a la que se adhirieron las acusaciones populares de PP, UGT y CSIF.

La Fiscalía también exigió que se requiera a las compañías aseguradoras que abonan las pólizas a los imputados para que retengan los "pagos futuros" que correspondan a estas personas y el abogado del PP ha solicitado que esas cantidades sean igualmente depositadas en la cuenta de consignaciones del juzgado.

El Ministerio Público no descartó tampoco ampliar estas medidas cautelares si se descubre en el marco de la investigación que estas personas han obtenido "nuevos enriquecimientos ilícitos" o que "han colaborado" para que otras personas se enriquezcan de forma igualmente ilícita.

La fianza más importante, de 570.000 euros, se exige para Antonio Arquero García, un amigo del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero Benítez que percibió una "renta de supervivencia" con la que se quitó la hipoteca que pesaba sobre su piso y arregló la casa de la localidad sevillana de El Pedroso. Este imputado aseguró en su declaración judicial que creía que tenía derecho a esa ayuda porque había estado trabajando desde que tenía 14 años en la minería y estaba "afectado por las radiaciones de uranio".

Otras fianzas elevadas se solicitaron para el militante del PSOE de esta población Alejandro Millán Torres, a quien se exige el aval de 450.000 euros.

Los abogados defensores de los 14 imputados a los que las acusaciones exigen la adopción de estas medidas cautelares han expresado su oposición, con diversos argumentos. La defensa del ex alcalde de El Pedroso Rafael Rosendo Villavieja -al que se reclama una fianza de 150.000 euros- reiteró que el ex regidor "no puede ser calificado como intruso en ningún ERE" e insistió en que la petición del fiscal no ha distinguido los diversos grupos de imputados. La abogada de Rosendo, Elena Oviedo, recordó que el ex alcalde ya ha consignado 112.900,53 euros, por lo que considera que no debe exigírsele ninguna fianza.

Otras defensas han alegado que en la investigación no se han acreditado suficientemente los hechos que se imputan a los falsos prejubilados y que, en todo caso, no se ha corroborado la "existencia de dolo o culpa" en las acciones que se les imputan.

La letrada de Carmen Fontela, una de las intrusas que destapó el escándalo de los ERE y a la que se exigen 200.000 euros, expuso que no hay constancia de que esta persona haya percibido ninguna cantidad de procedencia ilícita salvo "pequeñas devoluciones" del IRPF ni de que haya tenido una colaboración activa puesto que ha impugnado incluso la firma en el contrato de las cuentas bancarias donde se recibieron las ayudas por su inclusión en el ERE del restaurante Río Grande de Sevilla.

La Fiscalía Anticorrupción pidió la adopción de estas fianzas por el "perjuicio manifiesto y grave de los fondos públicos" de la Junta. La juez Alaya puede emitir hoy un auto acordando la imposición de las medidas cautelares.