La segunda vía por la que se intentará que el Estado delegue en la Administración autonómica la gestión de las aguas del Guadalquivir que transcurren por la comunidad recibió ayer el visto bueno del Consejo Consultivo de Andalucía. Este dictaminó que la proposición de ley planteada por el PSOE, y que logró el sí de PP e IU en el Parlamento andaluz, y en la que se sugiere una salida por el artículo 150.2 de la Constitución, es "ajustada al ordenamiento constitucional". El dictamen salió adelante con tres votos en contra y una abstención, y no se hará público hasta que estos tres votos particulares sean redactados e incorporados al mismo.

El objeto de la resolución, solicitada por los tres partidos, era ver la constitucionalidad de esta proposición de ley por la que se quiere solicitar al Gobierno central que delegue a la Junta las competencias sobre el río de acuerdo con el artículo 150.2 de la Carta Magna. Este establece que el Estado podrá" transferir o delegar" en las comunidades por ley orgánica "facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".

El origen de esta proposición está en la sentencia del Tribunal Constitucional dictada el pasado mes de marzo y por la anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomía que confería a Andalucía las competencias del río. La resolución era consecuencia del recurso interpuesto por Extremadura, que entendió que se vulneraba el artículo 149 de la Constitución, que establece la "competencia exclusiva" del Estado sobre los recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad, como es el caso de la cuenca del Guadalquivir que además de suelo extremeño, también pisa Castilla-La Mancha y Murcia -es sólo un 9,8%-.

Tras este varapalo, Gobierno andaluz y la oposición reaccionaron, y en septiembre, el PSOE llevó a la Cámara andaluza la elaboración de una proposición de ley sobre la delegación de competencias que, a instancias de todos los grupos, se remitió al Consejo Consultivo.

Según fuentes jurídicas, en el dictamen, que considera ajustada al ordenamiento jurídico la proposición de ley orgánica impulsada por la Junta, el órgano consultivo mantiene que "en efecto, el Estado retiene tanto la potestad normativa como un conjunto de facultades que pueden calificarse como de coordinación y control" o de repercusión extracomunitaria. Esas facultades "garantizan suficientemente la unidad de gestión de la cuenca y la ausencia de lesión del principio autonómico, al quedar garantizados los derechos de las restantes comunidades autónomas sobre las que discurre el Guadalquivir".

Entre otras consideraciones, entiende también que "de conformidad con la jurisprudencia constitucional, no es posible fragmentar el régimen jurídico ni la administración de las aguas de forma que se haga peligrar la unidad de gestión", prohibición que "debe entenderse como límite material de una hipotética transferencia o delegación de competencias".

Tras el informe del Consejo Consultivo, el Parlamento andaluz aprobará definitivamente la norma y la elevará al Congreso de los Diputados para que continúe su tramitación.

Mientras esta vía se resuelve, las competencias del río acaban de ser devueltas al Estado. Tras seis meses de encomienda temporal de gestión, que expiraron en octubre, los dos gobiernos no fueron capaces de encontrar una fórmula para salvar el escollo constitucional, y acabó con la reversión al Estado de las competencias que llevaban dos años en manos de la Junta. Estas competencias afectaban a la gestión de 53 embalses y 115 centrales hidroeléctricas, y al traspaso de 849 funcionarios.