Andalucía

El fallo del Constitucional deja abierto el conflicto de la Mesa del Parlamento

  • La diputada del PP Patricia del Pozo se incorpora a costa del único miembro de IU

  • El Alto Tribunal no resuelve cómo cumplir la obligación de dar cabida a todos los grupos en el órgano

La parlamentaria del PP Patricia del Pozo, y la portavoz popular, Carmen Crespo, en el Pleno del Parlamento celebrado el pasado 14 de diciembre.

La parlamentaria del PP Patricia del Pozo, y la portavoz popular, Carmen Crespo, en el Pleno del Parlamento celebrado el pasado 14 de diciembre. / josé manuel vidal / efe

La polémica de la composición de la Mesa del Parlamento cerró ayer su primer capítulo. El presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, oficializó ayer la incorporación de la diputada del PP Patricia del Pozo como secretaria segunda de este órgano después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recogiera la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) a favor del recurso de amparo presentado por la parlamentaria popular. La decisión del TC se conoció el pasado mes de diciembre, pero Juan Pablo Durán decidió esperar a su publicación íntegra en el BOE para darle cumplimiento, siguiendo el consejo de los servicios jurídicos de la Cámara.

El Alto Tribunal concluye que el presidente del Parlamento privó "injustificadamente a la diputada recurrente de su derecho a formar parte como secretaria de la Mesa" al no seguir el procedimiento regulado en los artículos 33 y 34 del reglamento de la Cámara. En la votación que se produjo en la primera sesión de la legislatura, celebrada el 16 de abril de 2015, Patricia del Pozo fue la segunda más votada. Sin embargo, Durán decidió primar el artículo 36 del reglamento, que estipula que todos los grupos deben tener representación en la Mesa. Y la diputada popular fue obligada a ceder su asiento para que entrara Izquierda Unida ya que no se llegó a un acuerdo para ampliar el número de integrantes de la Mesa, fijado en siete.

El fallo del Constitucional no supone el punto final al conflicto de la Mesa, un órgano clave al ser el encargado de organizar el trabajo del Parlamento y decidir sobre la tramitación de las iniciativas. En cumplimiento de la sentencia, el diputado de Ciudadanos Julio Díaz pasa a ser secretario tercero y quien hasta ahora ocupaba este puesto, el diputado de IU José Antonio Castro, queda fuera, vulnerando el referido artículo 36, aunque seguirá siendo miembro de la Diputación Permanente.

El TC se limita a analizar si se respetaron los derechos de la parlamentaria popular y deja en manos de los partidos cómo articular la participación de todos los grupos. "No nos corresponde determinar cuál sea la solución más adecuada para conciliar las previsiones del artículo 36 con lo dispuesto en los artículos 33 y 34, en cuanto al procedimiento de elección de los miembros de la Mesa", insiste la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Ollero. Tras el fallo, el PP contará con dos miembros en la Mesa, frente a los tres del PSOE, y los representantes únicos de Podemos y Ciudadanos.

Los populares hicieron una lectura política de la resolución del TC. Para su líder, Juanma Moreno, supone "un palo en forma de sentencia judicial" a la "soberbia" de la presidenta de la Junta, Susana Díaz. "Ya está bien de comportarse como los dueños de Andalucía, de hacer lo que a uno le venga en gana, de hacer las cosas vulnerando los principios legales y de pisotear los principios más elementales de la democracia", resaltó el presidente del PP-A, en la clausura de la reunión de la Interparlamentaria de los populares de Málaga. Moreno agregó que "ha tenido que venir un tribunal a bajarle los humos y quitarle la razón a la presidenta de la Junta y al socialismo andaluz".

El principal damnificado de este rifirrafe legal es Izquierda Unida. Su coordinador general, Antonio Maíllo, anunció que su grupo intentará impulsar durante este mes la reforma del reglamento del Parlamento. A su juicio, el fallo supone "la vulneración de un derecho más grave que el que reclamaba el PP". "Con esta interpretación, que no dice que IU tenga que irse de la Mesa, se vulnera un derecho por la ausencia de participación", lamentó el responsable regional de la formación de izquierdas en una entrevista en Canal Sur, en la que señaló que si IU recurre ahora al Alto Tribunal, "prácticamente se habrá acabado la legislatura" cuando se pronuncie.

Los socialistas ven posible un acuerdo si se modifica el Reglamento de la Cámara para que IU siga en la Mesa. "Lo que queda ahora es la voluntad de los grupos políticos de llegar a un acuerdo, si es que quieren", señaló el secretario de Organización, Juan Cornejo, que insistió en que hay un "imperativo legal" que se tiene que cumplir. El número dos del PSOE-A defendió que Juan Pablo Durán estuvo asesorado por los servicios jurídicos de la Cámara para retrasar su cumplimiento hasta su publicación en el BOE. Además, lamentó que su partido haya cargado con todas las culpas cuando Podemos, Ciudadanos e IU estaban también de acuerdo con la composición inicial de la Mesa. "Al final, nos dejan solos cuando llega la sentencia", criticó.

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