El Gobierno andaluz ya no parece tener tanta prisa por cerrar con el Ejecutivo central la liquidación de los 1.504 millones que las arcas estatales adeudan a Andalucía en concepto de inversiones no ejectudas de los años 2009 y 2010. El consejero de Economía, Antonio Ávila, aseguró ayer que la proximidad de la consulta electoral del 20-N no interfiere y que, de hecho, "no es cuestión de urgencia", ya que la garantía de que ese dinero debe llegar a la comunidad está recogida en el Estatuto andaluz.

Otro motivo para justificar esta tranquilidad de la Administración autonómica es tá en que ya está acordado la metodología y la cuantificación del dinero a pagar y falta ver cómo se liquida. A esto añadió Ávila, esl que con independencia de las elecciones, entre administraciones debe regir la "normalidad democrática".

A pesar de la nula interferencia electoral, Ávila reconoció que se trabaja con el Gobierno central para "conciliar" agendas en los días que faltan hasta la cita con las urnas, porque "cuanto antes, mejor".