Los gobiernos autonómicos de Andalucía y Valencia, de centro derecha y de izquierdas, han sellado una "alianza" que va más allá de la reclamación de un modelo de financiación más equitativo para las comunidades. Sus presidentes, Juanma Moreno (PP) y Ximo Puig (PSOE), han mantenido una larga reunión este martes en San Telmo, donde han firmado una declaración conjunta. Tal como se ha encargado de subrayar Ximo Puig, ambos gobiernos representan a 30% de la población española, y ambos han solicitado al Gobierno de Pedro Sánchez un fondo compensatorio que nivele el gasto social de Andalucía y Valencia con respecto a la media española. En Andalucía el gasto por habitante es de 110 euros menos que la media; en Valencia, aún peor, son 220 euros.

La negociación de un nuevo modelo de financiación autonómica es uno de los mayores problemas a los que se suelen enfrentar los gobiernos cada década. Algo más. El actual, que es de 2008, caducó en 2014, pero la negociación siempre encuentra un motivo para el retraso. Unas veces, es la crisis económica; otra, Cataluña. Por eso, lo que han solicitado los dos presidentes es que se active un fondo transitorio que se activará todos los años hasta que se haya aprobado el nuevo modelo. Ese fondo debe ser de, al menos, 1.700 millones de euros.

Moreno y Puig han intervenido después de la reunión en una rueda de prensa conjunta, a la que se ha querido dar todo el boato. Se ha celebrado en el salón de los Espejos de San Telmo, ante las banderas andaluza, española y valenciana. Esta alianza ya ha generado suspicacias por parte de algunos presidentes, como el aragonés, Javier Lambán. Sobre esto, Puig ha sido claro: "Se trata de un problema de insuficiencia financiera, no es otra cosa, no vamos contra nadie".

Ambos presidentes han rechazado que ese fondo de 1.700 millones de euros provenga del conjunto que financia a las comunidades, de modo que ninguna saldría perjudicada, y también se oponen a que el déficit del conjunto del sistema provenga de una subida de impuestos autonómicos. Sin embargo, los presidentes no han explicado de dónde debe salir el dinero que iguale a las comunidades, si bien Puig no está de acuerdo en que el modelo deba conservar el status quo actual. Es partidario de cierta redistribución entre territorios, que unos cobren un poco menos que ahora en favor de los menos favorecidos.

Sin embargo, ningún modelo ha supuesto menos dinero para ninguna comunidad, los déficits del sistema se han paliado con una mayor cesión de los tributos. Si ahora, el Estado cede el 50% de la recaudación del IVA a las comunidades, habrá que tender a que llegue al 75%. Juanma Moreno tampoco ha entrado en los detalles. Para el presidenta andaluz, "lo que está claro es que hay una hemorragia, una hemorragia fiscal, y hay que taparla (...) Si un tercio de España está mal financiada lo que está mal financiada es España".

El actual, de 2008, fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ERC. Ha dejado a Cataluña con unos ingresos algo por debajo de la media, pero ha terminado por perjudicar, de modo grave, a Andalucía y, en especial, a Valencia. El Parlamento andaluz ha cifrado en 4.000 millones de euros el dinero que necesita la Junta para satisfacer su gasto en servicios esenciales. Como ha indicado Ximo Puig, la financiación de las comunidades es "el Estado del bienestar", porque son las autonomías las que gestionan la sanidad, la educación y los servicios sociales.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene previsto presentar en noviembre un modelo para el cálculo de la población ajustada. Éste será el criterio de reparto entre comunidades, la población con una corrección de otros factores, como la dispersión o el envejecimiento. De todos modos, el modelo tiene forma de ley orgánica, por lo que también será necesario el voto del PP. En ese sentido, esta alianza entre Moreno y Puig rompe el frentismo entre izquierdas y derechas. Es posible que Murcia se sume a esta alianza. 

La declaración de ambos presidentes destaca que "ha existido y existe un claro problema de insuficiencia global", que calculan en 16.400 millones de euros. Juzgan como "discriminatorio, complejo y poco transparente" el modelo actual. "La Generalitat Valenciana y la Junta de Andalucía son partidarias de mejorar la capacidad tributaria de las comunidades autónomas, de cara a aumentar su corresponsabilidad fiscal en el necesario de modernización de nuestra estructura fiscal y, especialmente, en materia de imposición medioambiental", indica la declaración.