La juez Mercedes Alaya ha convocado para el próximo día 17, a tan sólo tres días de las elecciones generales, una vista para decidir sobre la posibilidad de imponer fianzas o embargos a los primeros 13 imputados por las irregularidades en el pago de prejubilaciones vinculadas con los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). No es la primera vez que la juez acuerda actuaciones en período electoral, puesto que en las pasadas municipales citó como imputado al primer teniente de alcalde de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), socio de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla.

En un auto de fecha 2 de noviembre, la instructora accede a convocar esta vista sobre las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción para garantizar las responsabilidades civiles de los imputados en caso de condena, y al mismo tiempo lamenta que no se haya podido exigir aún, por no haber declarado hasta el momento, estas fianzas "a los que indiciariamente por razón de su oficio o cargo, han propiciado con su actuación manifiestamente desleal e ilícita este uso corrupto de los fondos públicos".

La instructora comenta que tenía "en la mente" exigir la prestación de fianza a los primeros 13 imputados que ya han prestado declaración, aunque pensaba hacerlo en un "momento más oportuno", porque todavía no dispone de los atestados de la Guardia Civil sobre el estudio de las ayudas sociolaborales y ayudas directas a las empresas. Alaya reitera que la investigación ha sacado a la luz la existencia de una "trama para la concesión ilícita de parte de estas ayudas, en la que habrían indiciariamente intervenido altos cargos de la Junta de Andalucía, intermediarios (despachos de abogados, compañías aseguradoras, sindicatos), empresarios y los concretos beneficiarios de tales ayudas". Del desarrollo de las investigaciones practicadas ahora y "por ausencia de documentación e información policial -insiste la juez- dado el escaso tiempo transcurrido desde que la Unidad Central Operativa (UCO) se hizo cargo de la investigación, sólo se ha podido tomar declaración a imputados que estarían situados en el último escalón de la pirámide".

En cuanto al resto de imputados, Alaya dice que no es posible que declaren todavía porque sería contrario al derecho de defensa y "enormemente prematuro hacerlo sin contar con el detalle necesario de los hechos que deben serles imputados, teniendo en cuenta la inédita extensión de la investigación y que la misma se inició en febrero". Alaya insiste en que es incompatible con el derecho de defensa exigir medidas cautelares a implicados "de los cuales no sería ni siquiera posible cuantificar su presunta responsabilidad pecuniaria".

La instructora aclara que estimaba que "podría ser un agravio comparativo" exigir una fianza a las personas que han declarado y "no poderlo hacer por ahora" a esos cargos implicados, pero como considera que la petición de la Fiscalía Anticorrupción es "ajustada a derecho", ha decidido convocar una comparecencia el próximo día 17 para la adopción en su caso de las medidas cautelares. A la vista, la juez ha citado a la Fiscalía y a las partes personas, incluidas los abogados de los 13 imputados que han declarado en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.