Historias de Algeciras

El Trienio Liberal en Algeciras: Depuración, inventario religioso y algecireños sin cobrar

  • La relación del ayuntamiento y las autoridades liberales provinciales no eran fáciles en este periodo

La orden Mercedaria en Algeciras fue afectada por el inventario exigido.

La orden Mercedaria en Algeciras fue afectada por el inventario exigido.

Mientras las autoridades locales suspiran por tener los servicios en Algeciras a la altura de cuando el General Castaños presidía la Comandancia General del Campo, el vocal de este Partido ante las autoridades provinciales, Joaquín Abreu, hizo presente la siguiente moción: “Que habiéndose mandado enseñar y explicar en las Cátedras, Yglesias y Escuelas, la Constitución Política de la Monarquía Española, es prueba evidente de la necesidad, en que se está, de que se sepan las Leyes Fundamentales; pues la enseñanza se hace aprehendiendo los artículos constitucionales y explicándolos”. Añadiendo en su escrito el vocal algecireño Abreu: “Que lo primero basta para infinitas personas, pues cualquier sentido común hace fácilmente las deducciones oportunas y es por lo mismo conveniente fijarse respecto á la multitud que aprendan de memoria la Constitución”. Proponiendo en su petición: “Se sirva mandar á todos los Ayuntamientos de la Provincia, que en los edificios públicos hagan escribir artículos constitucionales, excitando el patriotismo de todos los ciudadanos, para que en sus respectivas casas hagan lo mismo; con lo cual, al mismo tiempo servirá de enseñanza, se logrará el doble objeto de conocer cuales son las opiniones y adhesiones de los vecinos que siempre deben saberse […], y oída esta propuesta se aprobó en todas sus partes, y acordó se pida el Excmo. Sr. Gefe Político de la Provincia  haga circular á los Ayuntamientos la orden correspondiente, para que se verifique en los términos indicados por el Sr. Abreu, cuyo celo se aplaude”. Dicha moción, no parece tener en cuenta -entre otros aspectos-, el altísimo número de ciudadanos analfabetos de la provincia. Constitución sin instrucción.

Siguiendo con la labor de Abreu, como vocal provincial del Partido de Algeciras, tras ser aceptada su propuesta citada, procedió a expresar: “Los Secretarios de los Ayuntamientos de la Provincia, sus Tesoreros, Contadores y demás empleados subalternos, son actualmente en la mayor parte los mismos que han estado desempeñando sus respectivos destinos en los pasados años de nuestra infelicidad; que el curso que en esta época han llevado los negocios públicos, las dilapidaciones de fondo, y los inicuos manejos de gran parte de las autoridades municipales, hacen sospechar vehementemente, que estos sujetos contribuyeron á aumentar la calamidad pública; y que el convencimiento practico que hay de esta verdad, lo difícil que se hace enmendar los males indicados por los trámites judiciales, y la inclinación de los hombres á continuar siempre por el camino que una vez abrazaron”. 

Prosiguiendo Joaquín Abreu, según se recoge documentalmente: “Son causas suficientes para que esta institución provincial promueva el remedio para una providencia gubernativa, la cual la tiene indicada el Gobierno, cuando ha pedido informes sobre las cualidades de los empleados en la magistratura y Hacienda Nacional, deduciéndose en consecuencia que el Gobierno se haya penetrado que la marcha del sistema Constitucional debe resentirse de las opiniones de los que lo hacen marchar, y por lo tanto el Gobierno no podrá menos que aplaudir el celo que sobre punto tan interesante á la prosperidad de la Provincia manifiesta esta institución provincial”. Proponiendo: “Haciéndole presente, la inconveniencia de la continuación de tales empleados en sus destinos, y pidiendo declare en suspenso á todo el que lo haya servido bajo el Gobierno despótico, haciéndose por los Ayuntamientos nuevas elecciones en sujetos que tengan todos los requisitos que exijan las leyes que felizmente gobiernan hoy, y obteniendo por esta vez la aprobación de las autoridades provinciales, o bien que se le autorice para arreglar en este punto la Provincia sobre la que hacía proposición formal”.

Respondiendo las autoridades liberales provinciales a la propuesta del vocal del Partido de Algeciras, Joaquín Abreu: “Se acuerda se remita al Gobierno el particular, á efecto de que recaiga su resolución, como la ha indicado el Sr. Abreu, y se estima conveniente”. Todo apuntaba, al parecer, a la puesta en marcha de la tan española practica “depuradora”, siempre presente en los cambios de sistemas políticos a lo largo de nuestra historia contemporánea.

Extracto de la propuesta de Abreu sobre los empleados públicos absolutistas. Extracto de la propuesta de Abreu sobre los empleados públicos absolutistas.

Extracto de la propuesta de Abreu sobre los empleados públicos absolutistas.

En relación inversa con la propuesta de Abreu, recordar -como así se hizo patente en un anterior capítulo-, que previamente se había aprobado y puesto en marcha un Real Decreto por el cual: “Para que los empleados que por adhesión al sistema constitucional fueron depuestos en el año 1814, vuelvan á ser colocados, abonándoles los sueldos del tiempo intermedio si no han obtenido otros destinos de nombramiento de SM”. Y que en su momento fueron depurados, siguiendo con la “tradición” carpetovetónica.

Prosiguiendo con la actividad política del representante del Partido de Algeciras ante las instituciones provinciales, comentar que, entre otras, procedió el citado a la siguiente propuesta: “Habiendo hecho presente, Dn Joaquín Abreu, que las viudas, oficiales retirados, empleados cesantes, y demás que gozan de sueldos ó pensiones en esta Provincia, hacen sus cobranzas en la Tesorería de la capital, necesitando para ello, presentar por medio de apoderados, documentos que les originan gastos, que con los de apoderados y conducciones del metálico, ocasionan rebaja digna de atención en perjuicio de los interesados, á que debe agregarse la consideración de las quiebras que puedan experimentar desde que el dinero sale de tesorería hasta que llega a sus manos”. Proponiendo: “Que tales perjuicios debe evitarse”. 

La corporación liberal provincial decide sobre la citada: “Aprobar la propuesta del Sr. Abreu, y se pase oficio al Excmo. Sr. Jefe Político del Partido”. La remisión al citado órgano unipersonal provincial, con directa conexión con el Ejecutivo presidido por Riego, conlleva la propuesta del siguiente procedimiento: ”Pidiendo se sirva representar para que el Gobierno mande que los Ayuntamientos Constitucionales, abonen los sueldos ó pensiones que correspondan á todos los acreedores que residan en sus respectivos Pueblos, verificando el pago de cualquier fondo perteneciente al Estado con previa orden del Yntendente de la Provincia, quién no deberá negarla al que legítimamente la solicite, sirviendo de dato á los Ayuntamientos en sus cuentas los recibos de los interesados, dados con las formalidades y explicaciones debidas, cuya resolución al paso serán de gran utilidad para los acreedores, simplificando las operaciones de la Tesorería, y acredita más y más al Gobierno, verificándose su principal objeto de hacer el bien de los ciudadanos”. 

En tal circunstancia descrita se encontraba el vecino de Algeciras Ignacio Valle Miramón, como se ha expresado en anteriores entregas, que periódicamente debía conceder representación al vecino de Cádiz Ignacio Casal, para que: “En su nombre reclame ante la Tesorería, Pagaduría y demás Oficinas que correspondan la cantidad de varios sueldos que de su citado empleo se le están adeudando y devengando”. Igual acontecía a la también vecina de Algeciras Catalina de Torres, viuda de Antonio Bernal, quien junto a su menor hijo Antonio Bernal de Torres: “Reclama sueldos devengados por su difunto esposo en las Oficinas de Marina del Departamento de San Fernando”. Y mientras desde la administración provincial se planteaban soluciones para el cobro de los citados “sueldos”, declarados absolutistas como el ex alcalde algecireño Pedro Barte seguían registrando ante la corporación local sus escritos demandando: “Cobro de sueldos devengados como juez de primera instancia de esta Ciudad”. Y el asunto, una vez remitido al Jefe Político del Partido, este lo trasladaba a la capital de la provincia, donde era puesto a disposición de la Comisión de justicia, la cual no daba respuesta a la tal pretensión, como lo demuestran las reiteradas instancias del interesado.

En el plano religioso prosigue la no fácil relación entre ambos entes, llegando hasta el despacho del Jefe Político del Partido en la comarca el siguiente oficio, dada la presencia de órdenes religiosas y conventos en el Partido de Algeciras: “Se pide inventario de los bienes de las comunidades extinguidas y rendición de cuentas, y no con la sola citación del Prelado, sino que concurran los Conciliares á lo menos para evitar fraudes, cuya exposición la ha pasado el Excmo. Sr. Gefe Político de la Provincia, para oír el dictamen de la Corporación provincial, después de que se compareció con la materia con el mayor detenimiento, se acordó que con devolución se diga á S. E. que debe rendirse las cuentas y formarse el inventario en presencia y conocimiento de la Comunidad entera por ser de rigurosa justicia que intervengan en los actos de liquidación y entrega de bienes todos los que tienen acción á ellos e interesan en su legalidad”. 

La llamada “citación” en el procedimiento inventarial a seguir, exigía -por el órgano civil-, no solo la presencia del prelado, sino que también requería la de los conciliares; luego, para todo lo que se había inventariado, se estableció que: “Convendrá anular todo lo practicado […], mandando reponer las cosas á su primer estado y restituir el archivo á su lugar, procediéndose de nuevo por los comisionados del crédito público á recibir las cuentas e inventario con citación a todos los religiosos, siendo extensiva esta determinación á todos lo conventos y monasterios que se supriman, pues aunque no la establecen los decretos, dados por las Cortes sobre la materia, puede el Superior Magistrado de la Provincia en el silencio de la Ley, dictar las formalidades que no se opongan al sentido de ellas y sean necesarias para su fiel ejecución”. 

El procedimiento intentaba clarificar el modo de extinción de estas comunidades sin que se produzcan oscuras situaciones como la descrita en anteriores capítulos relativas a los patronatos, teniendo como protagonista a: “Dn Antonio Meléndez, Presbítero de la Ciudad de Algeciras y poseedor legitimo del Patronato en la de Medina Sidonia, que fundó Mateo de Guevara y que en la actualidad esta detentándolo persona á quién de modo alguno le pertenece, tengo por conveniente ceder á José Diosdado mi sobrino, vecino de la Ciudad de Alcoy de la Frontera, el derecho que me asiste para litigar y adquirir el insinuado Patronato”. 

De regreso al cumplimiento, según la resolución de las autoridades liberales, y su aplicación sobre la situación nominal conventual en nuestra ciudad, los Mercedarios de la calle Imperial quedaron pendientes de conformarse el citado inventario, a falta de las instrucciones de sus superiores.    

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