Un total de nueve menores extranjeros no acompañados (MENA) han pasado entre tres y siete semanas en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Algeciras según han denunciado sus abogadas de oficio asignadas, que han explicado que es algo que vulnera "el protocolo MENA que decretó el Estado español y los derechos fundamentales de los menores reconocidos por la ONU y la Unión Europea".

Así lo ha indicado una de las abogadas de oficio, Montserrat Perea, quien ha detallado que siete de esos nueve menores ya se les ha reconocido como menores de edad y ya cuentan con la tutela de la Junta de Andalucía.

Los menores llegaron el pasado 3 de octubre a las costas andaluzas de una patera con 69 migrantes de origen magrebí procedentes de Argelia con muchos menores a bordo. En un primer momento, tras la atención de los servicios humanitarios, los migrantes que eran indudablemente menores son puestos a disposición del servicio de tutela de la Junta si bien unos diez adolescentes son trasladados a un centro hospitalario para determinar su edad.

"Estos diez adolescentes, sin tener ninguna asistencia legal, ni una petición de la Fiscalía de Menores que autorice el procedimiento de la prueba de edad, son trasladados a un centro hospitalario de Málaga donde se le hace una prueba oseométrica que consiste en una radiografía de la muñeca y cotejar los resultados con lo expuestos en el Atlas de Greulich y Pyle, el cual se hizo en 1950 a raíz de pruebas a varones caucásicos de Estados Unidos, lo que contraviene su aplicación con migrantes africanos con otra fisionomía y morfología distinta", ha explicado la letrada.

En este sentido, Perea ha lamentado que además de "no actuar mediante el protocolo legal" se dé como válido una única prueba que es "obsoleta" y que tiene un margen de error "de 1,7 años de horquilla, la cual no se considera".

"Así, las pruebas determinaron que estos diez menores tenían 19 años de edad y en unos pocos días, la jueza encargada, sin que nosotras las abogadas de oficio tuviéramos tiempo para preparar su correcta defensa y sin tener acceso a las pruebas oseométricas, determinó su ingreso en el CIE de Algeciras", ha agregado.

Los nueve menores han salido ya del CIE y siete de ellos cuentan con la tutela de la Administración andaluza

Por ello, ambas abogadas interpusieron un procedimiento contencioso-administrativo "al vulnerarse el protocolo MENA publicado en el BOE en 2014 que indica que ante la mínima duda de que sean menores de edad deben ser tratados como tal para no atentar contra sus derechos fundamentales".

De esta manera, tras el rechazo de las medidas cautelares que solicitaron, las abogadas iniciaron el contacto con las familia de nueve de estos menores para que le enviasen documentos que acreditasen su edad, ya que el décimo menor viajó con su tarjeta de identidad y pudo demostrar su minoría de edad y evitar así su ingreso en el CIE.

"Al final, menores de 14 y 15 años han sido ingresados con adultos cuando la regulación española no lo permite y se ha incurrido en una flagrante vulneración de sus derechos", ha detallado Perea, quien ha indicado que durante la defensa de esos menores, tanto la Policía como la Justicia española "han puesto trabas" al reconocimiento de documentos de los países extranjeros que certificaban la fecha del nacimiento de los menores "cuando las autoridades españolas no son quienes para determinar si vale o no un documento oficial de otro país".

Con todo, tras una estancia de entre tres y siete semanas en el CIE de Algeciras -uno de los menores ha estado internado 48 días cuando el máximo legal de permanencia en un CIE es de 60 días- los nueve menores han salido del referido centro y siete de ellos cuentan con la tutela de la Administración andaluza.

"Ahora estamos en un proceso judicial para que el Estado español reconozca como válidos los certificados de nacimiento de los otros dos menores para poder garantizar su tutela efectiva", ha apuntado Perea.

"Es una gran pena que la Fiscalía de Menores no haga su trabajo que es el de defender los derechos de los menores y que las autoridades nacionales hagan discriminaciones entre migrantes de primera y migrantes de segunda", ha censurado la abogada, que ha anunciado que ha trasladado este tema por escrito a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz.