La estabilidad en el sector de la estiba portuaria vuelve a quedar pendiente de un hilo tras la propuesta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de imponer una sanción millonaria a la patronal y los sindicatos que suscribieron el año pasado el acuerdo para la subrogación de los estibadores tras el decreto del Gobierno que liberalizó esta actividad.

La propuesta de sanción se produce sin que se haya cerrado por completo la aplicación de la reforma, para lo que resulta necesario un reglamento de desarrollo del decreto de liberalización que aclare aspectos como las jubilaciones anticipadas y la formación. Tampoco ha concluido la negociación del quinto acuerdo marco, del que dependerán los diferentes convenios colectivos en los puertos.

Los empresarios, los sindicatos y otros agentes implicados temen que la propuesta de Competencia –de cristalizar en forma de multa– desestabilice y haga caer tanto al sector como a los puertos en una grave situación de inseguridad jurídica porque a raíz de una sanción ninguna de las partes se atribuya o se atreva a disponer de capacidad para suscribir nuevos acuerdos laborales que luego puedan ser puestos en entredicho.

La CNMC estima que el convenio para la subrogación de los trabajadores –firmado en julio de 2017– vulnera tanto la normativa de defensa de la competencia como el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea. Y por ello propone una sanción de 6,2 millones de euros para la patronal Anesco, 300.000 euros para UGT y otros tantos para CCOO, mientras que para la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, la organización mayoritaria en el Puerto de Algeciras, la multa planteada asciende a 4.000 euros. Otros sindicatos de Galicia y País Vasco que suscribieron el pacto también tienen propuestas de multa sobre la mesa. Competencia, además, exige a las partes que guarden confidencialidad sobre el asunto.

Los gabinetes jurídicos de todas estas entidades estudian ya las posibles alegaciones, para lo que hay un plazo de 15 días. Anesco y Coordinadora declinaron realizar valoraciones por el momento, si bien fuentes sindicales insistieron en que la subrogación de los trabajadores está contemplada por Ley.

“La CNMC ha dinamitado la negociación colectiva en los puertos. Está negando la posibilidad a las partes de negociar acuerdos. Entendemos que la CNMC no es dogma de fe, por lo que vamos a recurrir la sanción”, asegura Miguel Alberto Díaz, secretario comarcal de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras.

Para Díaz, existe una “intencionalidad” en las actuaciones de la CNMC que también cuestiona el acuerdo para la estabilidad laboral en el amarre del Puerto de Algeciras. “Creemos que el Gobierno debe tomar las riendas y actuar como en el caso del Tribunal Supremo y las hipotecas. El Gobierno debe implantar la subrogación laboral de los estibadores en la normativa para garantizarla. La subrogación es clave. Y CCOO va a seguir participando en todas las mesas de negociación en favor de los trabajadores. No pudo el franquismo con el sindicato, no va a poder la CNMC”, resume Díaz.

La sanción de la CNMC sacude la capacidad de la patronal y sindicatos de negociar acuerdos

Para el diputado socialista Salvador de la Encina, la patronal y los sindicatos quedaron emplazadas a negociar por el Gobierno y contaron incluso con su apoyo a través del Consejo Económico y Social y el mediador Marcos Peña. “El PP, al no reconocer la subrogación en el decreto de liberalización, llevó a las partes a negociar. Y eso hicieron con el visto bueno del Ministerio de Trabajo”, recuerda De la Encina. Según el diputado y abogado laboralista, la propuesta de la CNMC supone “un palo más” en el tortuoso camino que atraviesan los trabajadores portuarios. “Se genera una incertidumbre que perjudica a los puertos. Confiamos en que las alegaciones den lugar al archivo del expediente, porque un órgano como Competencia no está sólo para sancionar. También debe proponer medidas. Respeto la decisión, pero ha supuesto un varapalo a la capacidad de negociación colectiva que ha quedado en entredicho”, reflexiona De la Encina.

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Manuel Morón, considera ala propuesta de Competencia supone una “nueva amenaza” sobre la estabilidad de los puertos. “Vuelve a suspender una espada de Damocles sobre la estabilidad de uno de los principales pilares de la economía del país que son los puertos. Los trabajadores y los empresarios de la estiba han funcionado hasta ahora bajo un cierto régimen de exclusividad, no por voluntad propia sino porque así les obligaba la ley española en vigor. El tribunal de la UE no condenó a los trabajadores y a los empresarios de la estiba, sino al Reino de España que promulgó esa Ley y le obligó a cambiarla. Y ahora resulta que los más perjudicados por ese cambio legislativo son los empresarios y los sindicatos, que lo único que han hecho ha sido, antes, cumplir con la ley en vigor y, ahora, evitar que la nueva normativa se tradujese en poner a los actuales trabajadores en la calle”, lamentó Manuel Morón.