El equipo de gobierno municipal presentó ayer en el pleno ordinario de febrero una propuesta para organizar de forma oficial cómo interviene el Ayuntamiento ante casos de impago del recibo del agua a fin de evitar que una familia en riesgo de exclusión se pueda quedar sin suministro. Según se explicó, la empresa de aguas, Emalgesa, y los servicios sociales ya se ocupan de esta clase de coyunturas y se le ofrece a este tipo de unidades familiares facilidades para poder afrontar la factura sin que se tenga que interrumpir el abastecimiento. Lo que se aprobó ayer, con unanimidad, fue un protocolo oficial de actuación ante situaciones así.

Luis Ángel Fernández, portavoz del PP, detalló que en estos momentos una familia en riesgo de exclusión puede acudir a los servicios sociales cuando recibe un aviso de corte del suministro y tratar con el Ayuntamiento fórmulas para evitar la interrupción y para abonar la factura fraccionada en cantidades más asequibles. El teniente de alcalde de Hacienda destacó que el protocolo de actuación aprobado ayer lo que hace es "invertir la carga de la prueba". Emalgesa ya no iniciará ningún expediente de corte si antes no confirma que no va a recaer sobre un domicilio de una familia necesitada.

El gobierno local señaló que Emalgesa facilitará a los servicios sociales del Ayuntamiento la relación de los posibles cortes por deudas que puedan producirse mensualmente. Los trabajadores sociales estudiarán dicha relación y determinarán si se trata de familias en riesgo de exclusión social y, en caso de ser así, de suspenderá la orden de corte en el suministro. Fernández añadió que un protocolo así también se va a aprobar en Mancomunidad.

José Luis Alcántara, de Izquierda Unida, pidió al equipo de gobierno que también contemple la posibilidad de devolver el dinero del reenganche a las familias necesitadas a las que se les haya cortado ya el agua. Ignacio Holgado, de Ciudadanos, consideró que la propuesta contiene conceptos demasiado genéricos. En esta línea María José Jiménez, de Algeciras Sí Se Puede, consideró que el protocolo está poco "protocolizado". Fernando Silva, del PSOE, consideró que mejor sería tomar medidas efectivas para hacer más accesible el recibo, como emitir facturas cada dos meses para evitar llegar a los tramos de agua más caros.

También en relación con el agua, la sesión de ayer igualmente aprobó cambiar la redacción de las bonificaciones para que ahora solo se tengan en cuenta los umbrales de renta, al margen de la situación de cada posible beneficiario, esté o no parado, sea o no pensionista.

Y, por otra parte, se aprobó la adjudicación del mantenimiento de las playas a Urbaser y la de la ayuda a domicilio de nuevo a ADL, con reservas de la oposición por los antecedentes de ambas empresas, Urbaser la exconcesionaria de limpieza con la que se llegó a acumular una deuda millonaria y una ADL sobre la que se han realizado múltiples quejas según se han hecho eco los distintos partidos.

El PSOE además puso la concesión de la ayuda a domicilio bajo sospecha de legalidad, lo que replicó el gobierno local. IU hizo ver al PSOE que, si así piensa, debería acudir a Fiscalía.

Sobre la ayuda a domicilio, por cierto, la edil Paula Conesa reconoció que lo más probable es que el Ayuntamiento vaya a tener que indemnizar a la antigua adjudicataria, Acasa, porque la anterior contratación a la de ayer no se hizo bien.