El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía vuelve a advertir al Ayuntamiento de Algeciras: tiene que cumplir la sentencia que le obliga al derribo del parking Escalinata, pendiente desde 2016. Así lo insta la sala de lo Contencioso-Administrativo en una nueva providencia, en la que además apercibe al Consistorio: si no cumple, los encargados de la ejecución de la sentencia se enfrentan a multas e incluso a la delimitación de responsabilidades penales por no hacerlo.

El Alto Tribunal rechaza la última propuesta formulada por el Ayuntamiento: una vista con todas las partes implicadas en la causa "para analizar la viabilidad de las opciones planteadas y jurídicamente posibles que permitan el cumplimiento de la sentencia de referencia en el más breve plazo posible”. El Consistorio había acudido a este recurso al retrasarse la redacción del proyecto de demolición del aparcamiento del Paseo Marítimo. Había planteado una prórroga para este, pero en la actualidad se está tramitando el procedimiento de resolución del contrato con la adjudicataria.

El Ayuntamiento adjudicó en noviembre de 2019 el contrato por 54.326,13 euros (IVA incluido) a  la UTE Vising Innova 2016 SL y VS Servicios y Urbanismo SL. La adjudicataria tenía que elaborar un estudio de la estructura actual y su relación con las edificaciones y servicios existentes, redactar el proyecto de demolición, elaborar los estudios de seguridad y salud y de gestión de residuos, coordinar la seguridad y salud durante el derribo y ejecutar la dirección facultativa de la obra de demolición. Tenía un plazo de tres meses para la redacción del proyecto desde que se comunicara la adjudicación del proyecto. Ese plazo vencía el 12 de marzo. Ahora el Consistorio está tramitando la resolución del contrato, lo que obligaría a convocar un nuevo concurso y retrasaría, una vez más, la demolición.

Sería la enésima demora y el TSJA vuelve una vez más a avisar al Ayuntamiento de las consecuencias legales de no cumplir una sentencia. En su providencia apercibe al  Consistorio de que si no lo hace se le aplicarán las medidas previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Esta permite al juez imponer multas coercitivas de 150 a 1.500 euros a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales. Pero el magistrado también podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

El Tribunal Supremo ratificó la ilegalidad del aparcamiento Escalinata en 2006 y desde ese momento los propietarios de los edificios Escalinata de Murillo y Atlántida están reclamando el derribo del parking; mientras, el Ayuntamiento de Algeciras (primero con el PSOE y después con el PP) ha tratado de evitar la demolición, fundamentalmente por su coste. En primer lugar, presentó un plan de movilidad para regular la rasante de los aparcamientos que fue anulado por el Supremo en 2014. Después un incidente de imposibilidad de ejecución de la sentencia. Esgrimía la afección a las edificaciones colindantes y el quebranto económico para las arcas municipales, ante la indemnización que podría reclamar Nautagest (concesionaria por 50 años) por el lucro cesante. Proponía frente a ello una demolición parcial, pero esto también fue rechazado por el TSJA.

El Ayuntamiento ha iniciado el proceso de resolución del contrato para la redacción del proyecto de derribo, lo que supondrá otro retraso

En 2016 el Alto Tribunal dictaminaba finalmente que la demolición era ineludible, algo que después confirmaba el Tribunal Supremo. Desde entonces, el TSJA ha venido reclamando al Ayuntamiento que ejecute esa sentencia pendiente. Solicitó un calendario de actuaciones, pidió que se identificase a los responsables de la ejecución de la sentencia y ha preguntado en varias ocasiones por la marcha de los trabajos. A finales de 2017, el Consistorio comunicaba al juzgado que carecía de medios técnicos para la redacción del proyecto, por lo que encargaría el trabajo a una empresa especializada. En mayo de 2018 llegó un ultimátum judicial, en este caso del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Algeciras: un plazo de dos meses para que acreditase la contratación de las obras de demolición de las oficinas del edificio Escalinata. Estas siguen en pie.

El Ayuntamiento todavía intentó eludir el derribo del parking mediante el acuerdo con los propietarios del edificio Escalinata para indemnizarlos por los gastos sufridos: incluyó una cláusula por la que estos solicitarían al juzgado que se suspendiera la ejecución de la demolición al estar tramitándose un acuerdo extrajudicial. Tampoco resultó.

Finalmente, en agosto de 2018 se convocó el concurso para la redacción del proyecto del Escalinata, pero la adjudicación quedó aplazada hasta el pasado noviembre. A principios de este año, los propietarios reclamaron por escrito al tribunal que fijase un plazo máximo de seis meses para la demolición.