Inmigración

Pro Derechos Humanos alerta contra el "calabozo gigante" del CATE de San Roque

  • La asociación denuncia que los centros de atención temporal a extranjeros son espacios de privación de libertad, basados en una política de expulsión

  • Recuerda que el pasado año murieron o desaparecieron más de 1.000 personas al tratar de entrar por la Frontera Sur

Presentación del informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019 de la Apdha Presentación del informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019 de la Apdha

Presentación del informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019 de la Apdha / Erasmo Fenoy

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En el verano de 2018 la gestión de la crisis migratoria alcanzó la categoría de caos en muchos puntos de la costa andaluza. Personas amontonadas en polideportivos, lonjas, barcos de Salvamento Marítimo e incluso la sede de algún partido político. Falta de comida y de colchonetas. Cuerpos de seguridad sobrepasados por las carencias de personal y medios suficientes para atender un fenómeno que ya se sabía que iba a ocurrir y frente al que, pese a ello, no se tomaron las medidas necesarias para prevenirlo, denuncian las ONG.

En ese contexto, la creación de un Centro Temporal de Atención a Extranjeros en San Roque (CATE) fue acogida con alivio, al regularizar la primera asistencia a los migrantes que llegaban en patera. Pero unos meses después, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía alerta contra los denominados CATE: suponen una mejora respecto a lo que había, reconoce, pero son "calabozos gigantes" destinados solo a la privación de libertad.

Así lo destaca en su último informe Derechos humanos en la Frontera Sur 2019, presentado en Algeciras tras haberse difundido en Sevilla y Cádiz. Entre los aspectos estudiados en esta edición se encuentran estos nuevos centros, así como los de Acogida y Atención Temporal. En el caso de los CATE, su función es efectivamente de centro de detención policial: allí se identifica a los extranjeros, que también deben recibir una primera asistencia sanitaria y de intérprete y deben ser liberados antes de 72 horas. En el segundo caso, la provincia cuenta con el espacio de Campano, en Chiclana, gestionado por Cruz Roja, en el que los extranjeros recién llegados pueden permanecer de dos a cinco días. Para la Apdha, esa gestión debería ser pública.

El problema de fondo, remarca la asociación en su informe, es que en la gestión migratoria sigue realizándose desde un planteamiento de expulsión. "Ahora que desde ciertos sectores se pretende poner de relieve la necesidad de expulsar a las personas extranjeras en situación irregular, conviene recordar que esa es la política de gestión que mantiene España durante las tres últimas décadas". Por eso el CATE "es un macrocentro de detención", critica una de las coordinadoras del estudio, Ana Rosado.

Rosado ha hecho un repaso a las grandes cifras del año de mayor presión migratoria sobre España. Llegaron por la Frontera Sur 64.120 personas, la mayoría (57.537) por vía marítima. Los marroquíes fueron la nacionalidad más representada (12.365 personas), seguidos por los guineanos (12.258) y malíes (9.471). Más de 7.000 de esas personas eran menores de edad y sobre su falta de protección llama la atención la portavoz de la Apdha especialmente, porque "ha quedado claro que para el Estado español no son niños, son migrantes". La asociación denuncia el uso de bridas con los  niños, su alojamiento con mayores, la falta de adecuación de los centros de acogida o el elevado número de menores que viven en la calle.

En 2018 hubo otro dato estremecedor: las 1.064 personas muertas o desaparecidas cuando intentaban alcanzar el sueño europeo. Desde que hace 30 años el periodista Ildefonso Sena documentase para el Grupo Joly el primer naufragio de una patera, 7.780 personas en cálculos de la Apdha han perdido su vida en la Frontera Sur. "Al final el Mediterráneo es una fosa común", concluye Rosado. "¿Cómo es posible que una sociedad democrática pueda tolerar sin pervertirse que miles de personas pierdan la vida cuando llaman a su puerta?".

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