Algeciras

El PSOE acusa al gobierno local de elevar la factura del derribo del parking Escalinata

El parking Escalinata, en la avenida Virgen del Carmen de Algeciras. El parking Escalinata, en la avenida Virgen del Carmen de Algeciras.

El parking Escalinata, en la avenida Virgen del Carmen de Algeciras. / Erasmo Fenoy (Algeciras)

El grupo municipal del PSOE de Algeciras considera que convocar un nuevo concurso para el derribo del parking La Escalinata "es una muestra de la falta de respeto que tiene el PP de [José Ignacio] Landaluce a las decisiones judiciales, que aumenta además la factura que pagan los algecireños por el mayor error político del PP de Algeciras, en este caso junto al que fuera alcalde andalucista, Patricio González".

Los socialistas algecireños exponen estas conclusiones después de que Europa Sur desvelase este martes que el Ayuntamiento de Algeciras ha iniciado el proceso para contratar de nuevo la redacción del proyecto y dirección de obra de la demolición del edificio, después de que el adjudicatario anterior no haya cumplido el contrato alegando dificultades técnicas. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) dictaminó el derribo del edificio en 2016 tras un largo proceso judicial, pero este está declarado ilegal desde 2004.

“Los algecireños estamos pagando con tiempo perdido y con dinero público lo que decidieron Landaluce y Patricio, construir un parking y suprimir la antigua Escalinata. Lo que ahora está haciendo Landaluce, en su papel de alcalde, es demostrar que lo único que hace es echar balones fuera para retrasar el cumplimiento de una costosa decisión judicial que obliga al derribo del parking. Tiempo que pasa supone encarecer también la factura económica para las arcas municipales”, afirma el viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva.

Los socialistas observan una suma de procedimientos y recursos que se han decidido para alargar el plazo de cumplimiento de la sentencia dictada en 2016, y recuerdan que en una junta de portavoces celebrada en 2017 el gobierno local del PP llegó a afirmar que el coste final del derribo oscilaría entre 300.000 y 500.000 euros.

“Ahora se aumenta incluso el presupuesto de licitación en el nuevo concurso para la redacción técnica, y eso supone más gasto para las arcas municipales. Ni siquiera se penaliza a los anteriores concesionarios que no hayan cumplido con su compromiso. Todo apunta, por todo lo que ha ocurrido hasta ahora, que el gobierno local del PP pretende pasar entero el presente mandato dándole vueltas a una sentencia ya de por si millonaria para todos los algecireños”, concluye el viceportavoz municipal socialista.

El Ayuntamiento adjudicó en noviembre de 2019 el contrato a la UTE Vsing Innova 2016- VS Servicios y Urbanismo por 54.326,13 euros (IVA incluido). La adjudicataria tenía un plazo de tres meses para elaborar un estudio de la estructura actual y su relación con las edificaciones y servicios existentes, redactar el proyecto de demolición, elaborar los estudios de seguridad y salud y de gestión de residuos, coordinar la seguridad y salud durante el derribo y ejecutar la dirección facultativa de la obra de demolición. 

El plazo dado a la contratista vencía el 12 de marzo de 2020, justo antes del inicio del estado de alarma. Pero el trabajo no estaba ejecutado y Ayuntamiento y contratista plantearon una prórroga que quedó en suspenso con el confinamiento. Acabado este, las negociaciones no prosperaron y se inició el procedimiento de resolución el pasado junio. 

Según los informes elaborados por el Ayuntamiento, el adjudicatario alega que no ha cumplido el contrato por "la enorme complejidad técnica, la importante repercusión en los edificios colindantes (estado actual de los mismos y su compatibilidad de uso durante las obras de demolición) y las grandes dificultades que implica la ejecución de la demolición del aparcamiento Escalinata en la avenida Virgen del Carmen de Algeciras, actualmente en servicio", unas actuaciones que "suponen una actividad de peligro extrema y se deberían realizar con todas las garantías posibles en materia de seguridad y salud, ambiental, socio-cultural, afección y explotación de viarios y servicios básicos existentes en el entorno, etc.".

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